Los gremialistas que suben al 13º piso del Ministerio de Trabajo se encuentran al salir del ascensor con una foto y un escritorio que usó Eva Perón. Ya dentro del despacho de Jorge Triaca aparecen visibles las imágenes de Mauricio Macri, su padre -ocupó ese cargo en la primera etapa de Carlos Menem- y el Papa Francisco. “Cuando se sientan acá ninguno dice que está en contra de la reforma laboral”, fue la conclusión del ministro en los últimos días sobre las trabajosas negociaciones para el próximo objetivo del Gobierno en el Congreso, aunque la recepción y las palabras amenas contrastan con el recorrido espinoso que tendrá el proyecto.

“Hablamos con todos, pero tienen agendas distintas y nunca hay una voz unificada, ahora menos todavía”, describieron en la Casa Rosada las dificultades para ubicar interlocutores válidos ante el escenario de disgregación e internas en la CGT. El objetivo del Gobierno será avanzar el mes próximo para conseguir el aval de la “mayoría de la dirigencia gremial” y así cumplir con el requerimiento de Miguel Pichetto, la llave de los votos del peronismo en el Senado, la Cámara en la que ingresó el proyecto. Pichetto congeló el tratamiento cuando Pablo Moyano aludió a la “Banelco” y los dirigentes sindicales no aparecieron por el Congreso para avalar la reforma.

El Gobierno, a la vez, buscará acelerar con la modificación de los convenios colectivos de trabajo por sector, para tornarlos más flexibles con el argumento de seguir bajando los costos laborales. La prioridad en el inicio de 2018 serán las áreas de transporte y logística: otro frente abierto con Hugo Moyano, en la compleja trama de negociaciones con intereses cruzados y derivaciones impositivas y judiciales con el camionero. “Pone resistencia, pero hay una mesa para dar la discusión”, marcó la situación un integrante del Gabinete, en referencia a la instancia abierta con participación de referentes gremiales, empresariales y del Ejecutivo.

“No estamos hablando de una reforma laboral que modifica todo, sino capítulos de debates que se van sucediendo en este reformismo permanente”, indicó Marcos Peña esta semana, y enumeró la ley de ART, la de apoyo a las Pymes y emprendedores y esos acuerdos sectoriales, acaso lo más determinante para la Casa Rosada: en Trabajo remarcaron como un logro las modificaciones en casi el 40% de las actividades, entre ellas energía, construcción, automotores y motos, carne, leche y televisión. “Hay que mirar sector por sector. La reforma laboral es un paraguas y atrás viene la modificación de los convenios”, dijo a Clarín otro alto funcionario vinculado a los gremios.

El plan con el proyecto de reforma prevé la espera de un mínimo ordenamiento de la CGT, aunque el Gobierno no demorará más allá de febrero o marzo en empujar lo que considera el segundo paquete clave luego de los cambios en materia previsional, tributaria y fiscal, ya convertidos en ley. El nuevo combo “productivo y laboral” incluirá también la nueva ley de Mercado de Capitales, el proyecto de “compre nacional” y el de defensa de la competencia. La apuesta a los acercamientos abarcará los asados en la Costa entre sindicalistas, y alguno también con participación de funcionarios. Y habrá negociaciones con cada actor, tanto en el universo sindical como en el peronismo. “Ellos no tienen un núcleo organizado de gobernadores, legisladores, CGT. Es un mosaico y para cada ley es un zurcido artesanal”, definió uno de los articuladores de la estrategia. En este caso, además, los gobernadores no tendrán una motivación directa para facilitar la aprobación.

“El problema es que acá están de acuerdo y después se paran desde una mirada ideológica con una foto de Perón y Evita en blanco y negro y dicen cosas que no tienen nada que ver”, no ocultaron los funcionarios a cargo de las negociaciones el fastidio por la diferencia de los posicionamientos en público y en privado de algunos sindicalistas, con los Moyano como el caso principal: “Hugo dice que el proyecto es para acompañar, pero que a Pablo no lo puede controlar. Desconfiamos de ese doble juego, hay otros intereses”. A los tironeos por la licencia de OCA, en concurso de acreedores y con una deuda con la AFIP, se agregó el foco judicial sobre Independiente, el club conducido por ambos gremialistas. Macri dejó de tener contacto frecuente con el ex titular de la CGT cuando Pablo endureció su discurso.

Cuando el debate vuelva a emerger los funcionarios y legisladores oficialistas pondrán el foco en el blanqueo de trabajadores no registrados, el objetivo que reúne mayor consenso. “Los cambios generan un mayor dinamismo que se necesita para el empleo en blanco. Somos muy respetuosos de las representaciones gremiales y la discusión de la CGT tiene que darse dentro de su seno”, dijo Triaca.

El texto que llegó al Congreso quedó despejado de algunos puntos controvertidos del original, como quitar protección a los empleados al establecer una relación de mayor igualdad con los empresarios, con derechos y deberes y recíprocos, y otros como el “banco de horas” para compensar entre distintas jornadas, y el Fondo de Cese Laboral para indemnizaciones que se negociarán caso por caso en los convenios. El macrismo no descarta nuevas concesiones para sumar apoyos. “La reforma previsional fue un aprendizaje político”, indicó un integrante del Gabinete. El Gobierno espera problemas en la calle en el momento del tratamiento, aunque en principio no de la magnitud de hace diez días.