El cierre de una histórica fábrica ha conmocionado el mundo empresarial y hasta a los funcionarios de la Casa de Gobierno. Tras casi medio siglo de producción, BGH ha decidido cerrar definitivamente sus puertas. El fin de las operaciones dejará, al menos, a 50 familias a la deriva.

La primera planta de reciclado de celulares y decodificadores de Latinoamérica dejará de operar en la provincia, después de una profunda crisis que comenzó en 2015 y que llevó a los directivos de la empresa a suspender a su personal durante los primeros meses del año pasado.

Según recuerda Marcelo Sosa, secretario general de la filial Tucumán de la Unión de Obreros Metalúrgicos (UOM), “la empresa entró en crisis en 2015, cuando llegó a tener 375 trabajadores”. Ya en noviembre del año pasado se preveía el final, cuando la conducción de la compañía había enviado telegramas de despido a una franja del personal y, además, había advertido que, si no mejoraba la situación económica, inexorablemente la planta se encaminaba hacia el cierre. “Quedaron los 42 compañeros en la calle, todos técnicos, operarios y oficiales”, explicó Sosa.

Con retiros voluntarios y finalizaciones de contrato, en los últimos tres años, BGH pasó de contar con una dotación de 350 trabajadores a 50 operarios; éstos fueron notificados de que en los próximos días recibirán sus telegramas en los que se les confirmará el cese de la relación laboral con la compañía, ubicada en Las Talitas.

“Acordamos que la empresa iba a pagar el 100% de los despidos y a los compañeros que entraron por consultora se les iba a reconocer la antigüedad”, confirmó el sindicalista, que teme por la futura reinserción laboral de los operarios debido a las tareas específicas que realizaban. “Es la única planta que hacía esto en todo el NOA”, acotó.

Luego de la crisis de 2001, la empresa dejó de fabricar aires acondicionados y hornos microondas para transformarse en una recicladora de celulares y decodificadores, principalmente de televisión satelital. Tras alcanzar su esplendor en 2011, en los últimos meses el reajuste en las tarifas de los servicios públicos, sumado al incremento de las importaciones puso en jaque a la mediana industria instalada sobre la ruta 9, en el acceso norte de la capital.