El secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio, Daniel Rivarola, participó ayer de la reunión con el intendente de Río Grande Gustavo Melella, como parte de la CGT, que será firmante en la presentación judicial contra el decreto 702.

Por FM Aire Libre, indicó que “la CGT fue invitada a una reunión con el intendente y parte del gabinete, a los efectos de fijar una postura con respecto al decreto de 702 que recortó las asignaciones familiares. El municipio prevé presentar un amparo en la justicia, justamente para tratar de obtener la derogación. Son los instrumentos que tienen los distintos sectores de la provincia para tratar de combatir este recorte, más allá de las presentaciones en la Cámara de Senadores. Tenemos entendido que el gobierno de la provincia avanzó con algo parecido y el Municipio tiene la firme posición de presentar un recurso, y que toda la CGT sea parte de la presentación, justamente por ser los representantes del sector del trabajo en Río Grande”.

“La reunión tuvo como fin ver si estábamos de acuerdo, de qué manera lo hacíamos y tenemos entendido que a más tardar la próxima semana se hará la presentación judicial. Esto queda a cargo de los abogados y nosotros quedamos a disposición para la firma y todo lo que haga falta, y una vez terminada la presentación veremos cómo está armada para ver si es lo que corresponde”, dijo.

Afectación “importantísima”

Consultado sobre el sueldo promedio de los trabajadores de comercio y el impacto del recorte, dijo que ronda los 36 mil pesos por todo concepto. “Lo que pasa es que a eso hay que descontarle el adicional de zona, así que debe andar entre los 19 mil y los 23 mil pesos el sueldo que se considera para el cálculo de las asignaciones, porque el resto es zona. En el caso de las empresas chicas del sector privado, nosotros tenemos alrededor del 61% de zona, que es un acuerdo regional, y en el supermercadismo tenemos el 80%”, informó.

“El impacto del recorte en el sector del comercio es importantísimo, porque los topes quedaron en 84 mil pesos como ingreso familiar y, descontando la zona, el empleado comercio no ingresa, salvo que el matrimonio trabaje en cargos altos. Si no, con un solo empleo, todos cobran las asignaciones familiares en forma normal y habitual. La asignación familiar fluctúa entre los 1.800 pesos y los 3.200 pesos, de acuerdo al ingreso y la cantidad de hijos. El arancel tiene cerca de cinco escalas, de acuerdo a los salarios y al ingreso del grupo familiar. A partir del 1 de septiembre, con este decreto queda todo en un solo número y se estima que más o menos entre 800 y 1.400 pesos es lo que pierde cada trabajador por cada hijo”, subrayó.

“Se estima que en Tierra del Fuego hay entre 21 mil y 23 mil chicos que perciben asignaciones familiares, y el ámbito privado depende absolutamente de la asignación familiar”, remarcó el dirigente.

Respecto de las expectativas de retrotraer la medida, dijo que “se está atacando el decreto por todos los frentes que se puede, pero estas son decisiones políticas nacionales. En el pasado, cuando ingresó la reforma laboral y se planteó que los gremios no estaban de acuerdo, se pudo frenar. Era una reforma amplia y ahora están tratando de ingresarla igual, pero en forma desglosada. Cuando los trabajadores se opusieron, se pudo frenar. La idea ahora, más allá de los trámites políticos de los dirigentes y los legales por parte del juzgado, creemos que la fuerza del obrero se tiene que hacer sentir. Con todas las posiciones que estamos tomando creemos que se puede derogar, porque esto tiene un impacto importantísimo en las familias y repercute nuevamente en la economía local”, advirtió.

“Son dos posiciones para contemplar, porque la gente no va a tener ese dinero con el que contaba mensualmente para los gastos de sus hijos, y por otro lado ese dinero deja de circular en la ciudad. Estamos hablando aproximadamente de entre 10 y 15 millones de pesos menos por mes que van a dejar de circular en Río Grande, y es un doble impacto: el de la economía familiar y el de la economía local”, manifestó.

Respecto de la posibilidad de extender el recorte de zona a los jubilados, prácticamente reduciría a la mitad los haberes: “Las jubilaciones tienen establecido el 40% de zona para los patagónicos y es un importe altísimo para alguien que percibe una jubilación, cualquiera sea el importe, porque una quita del 40% siempre es un valor altísimo. No podría trasladarse al sector privado por el momento, porque las discusiones de zona de cada gremio son convencionales, no se discuten con el Estado. El Estado no tiene la potestad de quitarnos la zona, salvo que sea a través de convenciones colectivas entre patrón y obrero. Pero esto no quita que lo intenten y que esto no genere conflictos en las futuras discusiones”, avizoró.

Conciliación con Brightstar

Finalmente se refirió a los avances en las negociaciones con Brightstar por el personal de limpieza, con una conciliación voluntaria dictada por el ministerio de Trabajo. Dijo que hoy recibirían por mail “un principio de ofrecimiento para ver si modificamos algo, si se achica la cantidad de despidos o repartimos con jornadas reducidas. Es lo único que hasta ahora se ha podido discutir. Nosotros estamos planteando que, una vez que ingresó el personal, los 24 trabajadores están efectivamente ocupados, no vemos que sobren, así que posiblemente rechacemos la propuesta y demostremos con los hechos que las líneas están funcionando porque los 24 trabajadores están ocupados”, concluyó.