La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la AFIP, implementó una nueva resolución que busca simplificar el mercado de alquileres y generar beneficios tanto para inquilinos como para propietarios. Las medidas incluyen la eliminación de trámites obligatorios y exenciones impositivas, pero especialistas advierten sobre posibles limitaciones en su alcance.
Cambios clave para inquilinos y propietarios
- Eliminación del registro obligatorio de contratos de alquiler: Ya no será necesario registrar los contratos de inmuebles destinados a vivienda.
- Exenciones para monotributistas pequeños: Aquellos con hasta dos propiedades destinadas al alquiler y que declaren esta actividad como única fuente de ingresos quedarán exentos del pago del componente impositivo de su categoría.
Impacto en el mercado de alquileres
Estas modificaciones forman parte de un contexto más amplio de desregulación impulsada tras la llegada de Javier Milei al Gobierno. Según el oficialismo, las medidas buscan incrementar la oferta de propiedades y aliviar la carga fiscal de los pequeños propietarios, promoviendo un mercado más dinámico.
No obstante, especialistas señalan que la normativa no resuelve problemas estructurales como la falta de vivienda asequible. En particular, destacan el aumento de viviendas vacías debido a los altos costos y la dificultad para acceder a un alquiler, lo que afecta especialmente a los sectores más vulnerables.
Beneficios anunciados
El Gobierno subraya que estas medidas ofrecen ventajas concretas:
- Contratos más simples y claros para inquilinos, con menos exigencias burocráticas.
- Reducción de trámites fiscales para pequeños propietarios.
Un cambio prometedor con desafíos pendientes
Aunque la resolución promete simplificar las operaciones en el mercado de alquileres, su impacto real dependerá de la implementación y de cómo reaccionen los actores involucrados. Mientras el Gobierno celebra el potencial de estas medidas para regularizar y dinamizar el sector, persisten las dudas sobre su capacidad para resolver los problemas de fondo que afectan a inquilinos y propietarios.
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