Desde el Centro de Ex Combatientes  Islas Malvinas de La Plata salieron al cruce de la decisión de la jueza Mariel Borruto, de suspender las indagatorias para los militares acusados por torturas a conscriptos de la propia tropa. Señalaron que rechazan “la decisión de la Jueza ya que este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, que no ha fijado fecha certera posible, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad”.

El comunicado del CECIM La Plata comienza repasando que “La Dra. Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, resolvió suspender las indagatorias que estaban anunciadas y confirmadas públicamente para los 18 militares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. El argumento tiene que ver con la “supuesta falta de espacio y de medios para llevar adelante la indagatoria”. En el escrito también plantea “teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria….. entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar adelante dichas audiencias en los días y horas fijadas ”, entre otros conceptos”, dice el texto distribuido hoy.

Más adelante expresan que “Desde el CECIM La Plata rechazamos la decisión de la Jueza ya que este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, que no ha fijado fecha certera posible, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad, cada día que se dilata llegar a la instancia de un  juicio produce nuevos mecanismos de revictimización o retraumatización de las víctimas y testigos”.

Advierten que “Lo que se esgrime con esta determinación es la manifestación política llevada adelante por el Poder Judicial de la Nación, en este caso en cabeza de la Jueza Borruto, del escaso cuidado de aquellos funcionarios que deben intervenir en todo el conjunto de acciones ligadas a los juicios, y que por falta de conocimiento en la materia, pueden llegar a desvirtuar esa función reparadora largamente esperada por las víctimas y testigos, para llegar a constituirse, incluso, en un riesgo de nuevo daño”.

Finalmente dicen que “Quienes se constituyen en víctimas y testigos de causas vinculadas a delitos de lesa humanidad son personas a quienes el Estado ha violado sus derechos, siendo el Estado el que debe garantizarlos y protegerlos, es por ello que esperamos que se revierta la decisión adoptada por la Jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego ya que las víctimas no pueden ser tomadas por el Estado por una moneda de cambio”.