El ex vicegobernador de la provincia, Daniel Gallo, prestó declaración indagatoria ayer en la causa judicial por presunto lavado de dinero que involucra a directivos de Glisud SA, la empresa que operó durante el manfredottismo para quedarse con propiedades del Fondo Residual del Banco de Tierra del Fuego.

Gallo se presentó ante el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, a cargo de la investigación, en compañía de su abogado defensor, el ex camarista Luis Felipe Ricca, recordado porque debió renunciar al cargo al descubrirse sus vínculos con la mafia brasileña.

Según trascendió, el también ex diputado nacional no aceptó contestar preguntas y en cambio presentó un escrito con un descargo sobre las acusaciones que pesan sobre su conducta.

El presidente de Glisud, Enrique Pinto, había utilizado la misma modalidad cuando fue indagado la semana pasada.

La causa investiga el origen de casi $300 mil pesos de la época (año 2002) con que Glisud adquirió títulos públicos y después ofertó y ganó los derechos sobre tres créditos con garantía hipotecaria, a través de un concurso público realizado por el Fondo Residual del BTF a fines de 2002.

La empresa alega que consiguió el dinero mediante un crédito de mutuo en Uruguay, aunque esa maniobra está plagada de sospechas y el dueño de la firma que habría prestado los fondos es un conocido fabricante de compañías fantasmas, Néstor Gustavo Cardozo García, quien también será indagado por el presunto lavado de activos.

Las dilaciones en el expediente, que ya lleva más de diez años de sustanciación, son una constante. Por ejemplo las indagatorias se iban a realizar, primero, en agosto del año pasado, pero el acto se suspendió debido a recursos de apelación que estaban pendientes y porque se decidió aguardar la realización del juicio por la llamada “causa principal de Glisud”, que de todos modos también se pospuso debido a planteos de las defensas de los acusados que están pendientes de resolución ante el Superior Tribunal de Justicia.

Pinto iba a declarar el 26 de abril de este año y debido a su “cuadro de estrés” la Justicia le suspendió la audiencia para esta oportunidad en la que finalmente se presentó.

Gallo aparece vinculado a Glisud porque Pinto fue empleado de planta política durante toda la gestión del ex gobernador Carlos Manfredotti y luego fue colaborador suyo durante los cuatro años que se desempeñó como diputado nacional.

Además, el ex vicegobernador contrató a Graciela D´adamo, ex apoderada de Glisud, cuando era presidente de la Legislatura y luego cuando fue diputado mediante un contrato del Consejo Federal de Inversiones (CFI). D´adamo también fue indagada en la causa el pasado 3 de mayo.

El caso del uruguayo Cardozo García es distinto porque aún se aguardan las comunicaciones internacionales para notificarlo de la citación a declarar en la provincia, y todavía no se sabe ni cuándo ni cómo podría comparecer en esta causa.