En el programa "Hora 18", el abogado penalista Dr. Francisco Giménez ofreció un detallado análisis sobre la propuesta de modificación de la ley de imputabilidad juvenil en Argentina. Durante su intervención, abordó diversos aspectos críticos relacionados con la problemática de los menores en conflicto con la ley y la necesidad de una reforma integral de la legislación vigente.

El Dr. Giménez comenzó destacando que la ley penal juvenil actual, establecida en 1980 durante la dictadura militar, fija la edad de imputabilidad en 16 años. Sin embargo, subrayó que la realidad de los adolescentes ha cambiado drásticamente desde entonces, debido a la evolución de la sociedad y al acceso masivo a la información. "Nuestros 16 años de 1980 no son los 16 años de ahora, del 2024. Hay que adecuar la ley penal juvenil", afirmó. Resaltó que cualquier modificación a esta ley no debe ser una reacción a hechos puntuales, sino el resultado de un debate amplio e inclusivo que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde periodistas hasta actores del sistema judicial.

En cuanto a la imputabilidad de los menores, Giménez opinó que todos los delitos cometidos por jóvenes deben ser considerados en la reforma de la ley, ya que los adolescentes de 14 años tienen plena conciencia de la diferencia entre el bien y el mal. "Si uno le pregunta a un chico de 14 años si está bien o está mal violar, seguramente le va a decir que está mal", argumentó. Además, mencionó la problemática de los adultos que utilizan a menores para cometer delitos, aprovechándose de su inimputabilidad. Actualmente, esta práctica está severamente penada por el Código Penal, y Giménez insistió en que este aspecto debe mantenerse y reforzarse.

El abogado también abordó la importancia de tratar la problemática juvenil desde múltiples frentes, no solo desde la seguridad y la represión. Subrayó el rol fundamental de la educación y de los maestros en la formación de los jóvenes y en la prevención del delito. "Hoy estamos a tiempo de mantener o de profundizar las políticas sociales para evitar esto", afirmó, destacando la necesidad de políticas sociales sólidas para prevenir la delincuencia juvenil.

Para Giménez, la modificación del régimen penal juvenil requerirá una inversión significativa para adaptar los sistemas carcelarios y de detención a las necesidades de los menores. Señaló que estas instituciones deben ser adecuadas para los jóvenes y ofrecer un tratamiento diferente al de los adultos. "La pena debe ser de adulto, pero el cumplimiento no debe ser de adulto, debe adaptarse a la edad de los menores", explicó. Esto implica la construcción de centros de detención específicos para menores y la implementación de programas de rehabilitación adecuados.

Finalmente, el Dr. Giménez destacó la necesidad de una capacitación continua para los actores del sistema judicial y de un enfoque multidisciplinario en el tratamiento de la delincuencia juvenil. Insistió en que la discusión sobre la reforma de la ley debe incluir a criminólogos, sociólogos, psicólogos y ONGs, además de los servicios de seguridad. La complejidad de la problemática juvenil requiere un abordaje integral y coordinado que tenga en cuenta las distintas dimensiones del fenómeno.

Durante la entrevista, el Dr. Giménez reflexionó sobre la situación actual de la juventud y la delincuencia en Argentina, comparando la realidad actual con la de su propia adolescencia en las décadas de 1970 y 1980. Subrayó que la desintegración del tejido social y la falta de oportunidades educativas y laborales han contribuido al aumento de la delincuencia juvenil en las últimas décadas. "Cuando yo tenía 14, 15 años, la sociedad argentina era otra. No había los grandes bolsones de marginalidad que existen hoy", comentó Giménez, añadiendo que en la actualidad existen generaciones que han crecido en un entorno delictivo, con familiares que han estado presos y una cultura de la delincuencia profundamente arraigada en ciertos sectores.

El Dr. Giménez enfatizó que la delincuencia juvenil no se puede abordar únicamente desde una perspectiva punitiva. Si bien reconoció la necesidad de sancionar a los menores que cometen delitos graves, también insistió en la importancia de prevenir el crimen a través de políticas sociales y educativas efectivas. "La escuela es fundamental, la escuela y los maestros", dijo, destacando el papel crucial de la educación en la formación de los jóvenes y en la prevención del delito.

En cuanto a las propuestas específicas para la reforma de la ley penal juvenil, el Dr. Giménez sugirió que la edad de imputabilidad debería reducirse a 13 o 14 años, alineándose con la media de la región. Sin embargo, subrayó que esta reducción debe ir acompañada de una serie de medidas complementarias para garantizar que los menores reciban un tratamiento adecuado y diferenciado del de los adultos. "Si hay un crimen de adulto, la pena debe ser de adulto. Ahora, el cumplimiento no debe ser de adulto, debe adaptarse a la edad de los menores", explicó, enfatizando la necesidad de construir centros de detención específicos para menores y de implementar programas de rehabilitación adecuados.

El abogado también insistió en la importancia de capacitar a los actores del sistema judicial para manejar las nuevas leyes y enfoques en el tratamiento de la delincuencia juvenil. "Nuestro colegio capacita a todos los actores, nos capacita a todos nosotros en el manejo de este tipo de leyes", comentó, refiriéndose a la preparación necesaria para implementar una reforma efectiva y justa.

El Dr. Giménez contextualizó la discusión sobre la imputabilidad juvenil en el ámbito internacional, señalando que Argentina es uno de los pocos países que mantiene una edad de imputabilidad tan alta. Comparó la situación argentina con la de otros países de la región, donde la edad de imputabilidad es generalmente de 12 o 13 años. "La media de la región son entre 12 y 13 años. O sea que esto que plantean desde Nación, no está alejado respecto de lo que ocurre en el resto de la región también", afirmó.