Así lo expresó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola del CECIM La Plata, quien llegó a la provincia junto a Ernesto Alonso para reunirse con el Juez Calvete a raíz del pedido de detención de 26 militares formulado por el Fiscal Rapoport, imputados por violación a los derechos humanos durante la Guerra de Malvinas, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. “Venimos a exigirle que avance”, afirmó en diálogo con FM Prensa y FM Aire Libre. “Tenemos pruebas para todos los casos”, agregó.

La fiscalía federal de Río Grande consideró que los crímenes contra los soldados fueron delitos de lesa humanidad, por lo que no prescriben. Fundó su pedido en los numerosos casos de estaqueamientos y en la política de ocultamiento de los hechos.

Sin embargo la investigación que ya lleva once años no avanza.

“Venimos a pedirle al Juez Calvete que es muy importante que avance con el pedido de detención y el llamado a prestar declaración indagatoria de los 26 miembros de las fuerzas armadas que están siendo investigados por la Comisión de Torturas y Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas”, dijo el abogado.

En este sentido remarcó la importancia de “la posibilidad es el imperativo que tiene la justicia de avanzar en una causa que ya tiene once años y en la que no ha habido avances”.

Guerrero Iraola precisó que “no hay una jerarquía en la elección de estos 26 casos, los 95 militares denunciados están en condiciones de ser llamados a prestar declaración indagatoria, sucede que en la causa que tiene más de 25 cuerpos y que reviste tantas complejidades, había que darse un orden, una forma de sistematización para ir avanzando por partes”.

En ese sentido detalló que “se tomó la determinación de avanzar por una Unidad y en función de eso se hicieron los 26 pedidos de detención y el llamado a prestar declaración indagatoria”.

Semanas atrás el fiscal federal Marcelo Rapoport pidió la detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales por torturas cometidas contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas. El magistrado reafirmó que se trata de delitos de lesa humanidad, por ende imprescriptibles, y destacó en sus fundamentos tanto la extensión de la práctica de enterramientos y estaqueamientos de soldados que reaccionaban ante el hambre –derivada a su vez del pésimo planeamiento militar–, como la política de ocultamiento de crímenes por parte de las Fuerzas Armadas, que continuó tras el fin de la dictadura. El escrito del fiscal, producto de una investigación coordinada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, está ahora en manos del juez federal subrogante de Río Grande, Federico Calvete.

A 36 años de los hechos y a once años de la denuncia pionera que presentó el entonces secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, el de Rapoport es el primer pedido de detenciones formulado por el Ministerio Público Fiscal por delitos de lesa humanidad en Malvinas. La acusación se circunscribe a 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, específicamente en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú. Allí se desempeñó el Regimiento de Infantería 5, dependiente de la Brigada de Infantería III y que tenía cinco compañías subordinadas.