Los presuntos damnificados en la causa judicial por el “escándalo de las viviendas futuras” de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya suman nueve, y los investigadores también analizan la participación de una inmobiliaria, confirmaron ayer a EDFM distintas fuentes allegadas al caso.

La Justicia intenta reconstruir la maniobra por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.

El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.

Sin embargo, se sospecha que el gremio se “reservó” una cantidad de esas casas para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.

Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta $700 u $800 mil o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.

El caso se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario general de ATE, Carlos Córdoba, señalando como supuestos responsables del fraude a dos directivos del gremio, Miguel Arana y Daniel Belbey, que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.

Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el pasado 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin 245, debieron hospitalizarlo, estuvo en coma varios días y todavía permanece internado en el Hospital Regional Ushuaia, pero ya en sala común y fuera de peligro, dijeron las fuentes.

En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el pasado 1 de junio.

Arana debía ser indagado por la presunta estafa el pasado 21 de junio, pero el juez de instrucción Javier De Gamas Soler, a cargo de la investigación, pospuso ese acto procesal sin una fecha definida, atendiendo a que el imputado todavía está hospitalizado.

Tampoco fueron indagados todavía los dos sospechosos de haber participado de la agresión a Arana frente a su domicilio, que estarían individualizados por una filmación, uno como el autor material del hecho, y el otro como supuesto partícipe, ya que se lo vería presenciando el ataque a poca distancia, pero sin intervenir en él.

Según las fuentes consultadas, con el transcurrir de los días fueron apareciendo otros damnificados de la estafa con las viviendas.

De las dos iniciales, la Justicia pasó a tener confirmación de nueve casos en total y no se descarta que aparezcan varios más.

Las circunstancias que cuentan estas personas no tienen muchas diferencias entre sí: dicen que les ofrecieron una vivienda en venta con la garantía de que recibirían el inmueble en Barrancas del Río Pipo, y que por ello entregaron dinero en efectivo y bienes en forma de pago. Cumplieron con su parte, pero la casa nunca les fue entregada.

El dato nuevo, que también confirmó este medio, es que de las declaraciones de testigos surge la intervención de una inmobiliaria que está siendo investigada judicialmente para determinar si estaba al tanto o no de la maniobra defraudatoria.

Máquinas al Gobierno

Otra novedad del caso, es que las maquinarias secuestradas a Arana la semana pasada fueron entregadas al gobierno de la provincia en calidad de depositario judicial, mientras se desarrolla la investigación.

Es que Arana, como reveló este medio el 4 de junio, es empleado municipal (igual que su amigo Belbey) desde hace 13 años.

A través de una empresa vinculada a su pareja, se le adjudicó la propiedad de seis máquinas viales, un camión y un automóvil, entre otros vehículos, y el juez De Gamas Soler ordenó el secuestro de esos bienes el pasado 19 de junio, tal como informó EDFM en su edición del 22 de junio.

Allí se consignó que efectivos de la División Delitos Complejos Ushuaia incautaron (en relación con la causa Nro. 36.414/2018 caratulada “Arana Miguel Ángel y Belbey Daniel Alberto p/defraudación”) “un camión marca Ford, modelo Cargo con caja volcadora, un cuatriciclo de 50 cc, un cuatriciclo Suzuki, un automotor marca Toyota, modelo Corolla, tres retro excavadoras marca Jhon Deere modelo 310 SJ 4X4, una retro excavadora marca Liugong modelo CLG766, una retro excavadora marca Liulong modelo CLG765 y una retro excavadora 310 SJ)”.

Las máquinas fueron halladas en allanamientos realizados en cuatro domicilios: “Hol Hol al 1000, Gobernador Gómez al 1200, 8 de Noviembre al 500  y Tolhuin Sur al 200”, todos asociados al entorno del imputado.

Fuente EDFM