El Superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, reveló que más de 60 obras sociales y empresas de medicina prepaga han sido inhabilitadas, mientras que otras 127 se encuentran bajo revisión. Entre las entidades investigadas destaca Osprera, la obra social que atiende a más de 760.000 obreros rurales en todo el país, la cual ha sido intervenida debido a problemas financieros graves y deficiencias en la prestación de servicios.

Oriolo informó que, tras meses de auditorías, se detectaron importantes irregularidades en el sistema de salud, lo que llevó a la Superintendencia a iniciar un proceso de reorganización. "Estamos reordenando el sistema para asegurar la libre competencia y que los trabajadores puedan elegir dónde derivar sus aportes", explicó.

En Argentina, existen 661 empresas de medicina prepaga registradas, de las cuales solo 10 tienen una inscripción definitiva. Las restantes 651 solo cuentan con una inscripción provisional, lo que refleja el desorden en el sector. "Nos encontramos con que la mayoría de estas entidades no cumplen con los requisitos legales para operar", señaló Oriolo.

De las empresas investigadas, 127 no han presentado la documentación necesaria, lo que motivó a la Superintendencia a exigir su regularización. Como resultado, se clausuraron 61 empresas que no respondieron a los pedidos de información. Oriolo advirtió que el proceso de revisión continuará con las demás entidades en falta.

En el caso de Osprera, la situación es especialmente crítica. A pesar de haber recibido una ayuda financiera significativa en octubre del año pasado, su deuda previsional ha aumentado un 63%, y acumula más de 1.500 millones de pesos en deudas con hospitales públicos. La intervención incluyó la designación de un administrador provisorio para intentar revertir la situación.

Oriolo también denunció la práctica de triangulación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga, la cual genera costos adicionales para los beneficiarios sin mejorar la calidad de los servicios. "Estamos trabajando para asegurar que los aportes de los trabajadores lleguen directamente a la prestación de servicios, sin perderse en costos innecesarios", concluyó el Superintendente.

La Superintendencia de Servicios de Salud continuará con su labor de fiscalización para corregir estas distorsiones y garantizar un sistema de salud más transparente y eficiente para todos los argentinos.