“Si esto se convierte en ley, significa que en caso de que haya una huelga docente, la escuela debe estar abierta. Durante los dos primeros días de protesta, tiene que haber una guardia mínima de directivos (docentes y no docentes) del 30% y, a partir del tercer día, se eleva al 50%, se deben dar clases en días y horarios habituales”, explicó Finocchiaro en Radio Mitre.
Este jueves (13/6), la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados dio dictamen al proyecto de ley que declara servicio estratégico esencial a la educación en Argentina. La iniciativa, impulsada por los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo, busca garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas del país.
Finocchiaro agregó que “ayer, a través nuestro, la sociedad argentina le mandó al CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) la carta de desalojo de las escuelas. No son de ustedes, no pueden hacer paro por el Día de la Mujer o porque un sindicalista de ustedes cometió un delito en Chubut y fue preso o hacer un paro por el acuerdo con el FMI o porque no les gusta Javier Milei”.
Cristian Ritondo, jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, celebró el dictamen al afirmar “es un paso fundamental para garantizar el calendario escolar completo. Nuestros chicos tienen que estar en las escuelas y el Estado tiene que garantizarlo. Basta de que nuestros chicos sean rehenes de los paros”.
Finocchiaro, quien además es el presidente de la Comisión de Educación, informó que a través de este proyecto durante una huelga docente “vamos a poder presentar abogados para meter un amparo obligando inmediatamente a abrir la escuela”, aunque también aclaró que con este dictamen “no se elimina el derecho de huelga”, sino que se regula.
En un comunicado, Finocchiaro agregó que “la educación debe proveer a nuestros chicos de libertad. Nuestro proyecto de declarar a la educación como servicio estratégico esencial se encuentra destinado a asegurar los derechos educativos. El Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad”, enfatizó.
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