El presidente Javier Milei, tras su polémica intervención en el Foro de Davos donde relativizó los femicidios y generó controversia al calificar a parejas homosexuales adoptantes de "pedófilos", planea una serie de reformas legislativas que prometen eliminar leyes vinculadas a la diversidad y la igualdad de género. El proyecto, denominado "Igualdad ante la Ley", busca derogar lo que desde el Ejecutivo se define como "discriminación positiva".

Entre las principales iniciativas del proyecto figuran la eliminación de la carátula de femicidio del Código Penal, la derogación de la Ley de Identidad de Género (Nº 26.743) y la anulación de normativas como la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero (Ley Nº 27.636) y la Ley Micaela (Nº 27.499). También quedarían sin efecto el cupo laboral trans, el DNI no binario y el cupo laboral para personas con discapacidad (Nº 22.431). La medida también busca derogar la Ley de Paridad Electoral (Nº 27.412).

Fuentes del gobierno explicaron que estas iniciativas responden a la visión de Milei, quien considera que el Estado no debe otorgar "un trato especial a ningún grupo particular". Una alta fuente cercana al Presidente afirmó: "El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría". En esa misma línea, el mandatario ha sostenido que estas normativas son parte de una "ideología woke y feminismo radical" que busca privilegios en lugar de igualdad real.

El equipo de Planeamiento Estratégico, liderado por María Ibarzabal Murphy, junto con el asesor presidencial Santiago Caputo, estaría ultimando los detalles del proyecto. Según trascendió, la norma pretende reforzar la idea de que todos los habitantes deben ser tratados bajo los mismos criterios, sin excepciones ni "privilegios" por cuestiones de género, identidad o discapacidad.

Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció en noviembre la preparación de esta norma, destacando que "la Argentina no admite prerrogativas de sangre, nacimiento o religión. Todos son iguales ante la ley". En su declaración, agregó que el ingreso a empleos públicos debe basarse exclusivamente en la idoneidad de las personas, eliminando cualquier criterio ideológico o discriminatorio.

Críticas y preocupaciones han surgido desde sectores de derechos humanos y organizaciones que defienden la diversidad, quienes consideran que estas reformas podrían vulnerar derechos fundamentales y dejar sin protección a sectores históricamente desfavorecidos. Sin embargo, el Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan garantizar una verdadera igualdad, eliminando diferencias legales entre los habitantes del país.