Luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) ratificara el paro general del próximo miércoles 24 de enero contra las primeras medidas de la gestión de Javier Milei, el Gobierno advirtió a los empleados estatales que adhieran.

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, informó este lunes en su típica conferencia de prensa que se analiza la posibilidad de descontarle el día del sueldo a quienes adhieran.

onsultado sobre si el Gobierno analiza no pagarles a los empleados estatales que decidan parar el miércoles de la semana entrante, Adorni respondió: "Efectivamente, lo estamos analizando como una posibilidad cierta".

Además del paro general del próximo miércoles 24 de enero, los empleados nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también realizarán este lunes una jornada nacional de "lucha en defensa del Estado" en reclamo por la decisión del Gobierno de no renovar los contratos de trabajadores del Estado Nacional de menos de un año.

"Los estatales no podemos esperar hasta el 24, necesitamos salir a responder ante a los despidos", sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario de ATE, al anunciar la marcha de este lunes que comenzó a las 11 horas frente al Centro Cultural Kirchner (CCK) y se espera que se replique en las principales provincias del país.

"El Gobierno no tiene límites, nos echa trabajadores, nos quita las horas extras y cuando pensamos en salir a protestar nos castiga", criticó Aguiar en su momento, denunciando "medidas inconstitucionales" de parte del Gobierno. Y agregó: "Lo que pretenden es que en la Argentina protestar sea delito según al sector social que pertenezca".

Tal como repasó El Cronista, durante la convocatoria de este lunes, se insistirá en el rechazo a las reformas contenidas en el DNU 70/2023 y la ley ómnibus. También se reclamará por la reincorporación de los trabajadores despedidos de la Administración Nacional, el intento de cesar horas extras y el pedido de un aumento salarial, en pleno proceso de paritarias, en el que aguardan por la oferta del Gobierno nacional.

Los gremios vs. el Gobierno: se profundizan las diferencias

La semana pasada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ya había adelantado que el Gobierno analiza no pagarle a los estatales nacionales que adhieran. Además, dijo que "ojalá" los empresarios hagan lo mismo.

"Ojalá que los empresarios tomen decisiones, descuenten los días de paro. En el Estado lo vamos a hacer", dijo la titular de Seguridad, quién deberá encargarse el próximo miércoles 24 de aplicar su "protocolo anti-piquetes" ante la masiva manifestación de la CGT.

Frente a este esquema, Aguiar sostuvo que "el protocolo de Bullrich no es más que un síntoma de debilidad del Gobierno" y advirtió al Gobierno que, frente a las medidas económicas anunciadas junto al DNU y la Ley ómnibus, "la calle va a estar muy complicada".

En un contexto en el que el que el Gobierno intenta acelerar el tratamiento de la Ley ómnibus en el Congreso con la expectativa de que Diputados la apruebe con modificaciones a fines de esta semana, los gremios y organizaciones sociales incluso analizan adelantar el paro general.

En diálogo con El Cronista, fuentes de ATE no descartaron un adelantamiento del paro o que "en su defecto, se pueda resolver otra medida durante los próximos días si se adelanta el tratamiento en Diputados".

Otros referentes de la CGT se expresaron en igual sentido: aún si la fecha del paro no se moviera, el Congreso Confederal mandató a la Comisión Directiva de la principal central sindical para que tome las decisiones correspondientes al paro o, incluso, otras medidas consecuentes con ese plan de lucha votado.

A este escenario se suma la tensión por los pagos que la cartera de Bullrich exige a los distintos gremios para cubrir los operativos de seguridad llevados a cabo por el ministerio frente a las protestas de diciembre.

Tanto ATE como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la CGT rechazaron el pago de estas "multas" que gira Seguridad por casi $ 100 millones en algunos casos: "Cese en su absurdo, irrazonable e ilegal intento de enriquecerse sin causa. Sus resoluciones son todas nulas", manifestó Aguiar a través de sus redes sociales.