Organizaciones sociales y observatorios de género encendieron la alarma: en los primeros días de octubre se registraron 11 femicidios en la Argentina y, desde el 1° de enero de 2025, ya suman 195 casos. Frente a ese escenario, reclamaron medidas urgentes y denunciaron la influencia de discursos de odio en el aumento de la violencia contra mujeres y disidencias.

Las cifras relevadas por agrupaciones como MuMaLá y el Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos”muestran además que 120 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre por estos crímenes, un dato que profundiza la dimensión social y familiar de la tragedia.

Los informes ponen de relieve fallas en los mecanismos de protección: sólo el 14% de las víctimas había realizado una denuncia previa contra su agresor, mientras que el 73% de los femicidios fue cometido por la ex pareja o un familiar. Además, el 70% de los asesinatos ocurrió dentro del hogar de la víctima. Estos porcentajes son usados por las organizaciones para exigir protocolos más efectivos y recursos para prevención.

El relevamiento del Observatorio también contabiliza intentos de asesinato: hasta fines de septiembre se habían registrado 758 tentativas, lo que subraya un patrón de violencia extrema que no siempre culmina en muerte pero sí en riesgo vital constante.

Entre los casos que sacudieron a la opinión pública en las últimas semanas figuran los asesinatos ocurridos en Florencio Varela, hechos en Córdoba y un femicidio en Chaco, episodios que las organizaciones mencionan como ejemplos del recrudecimiento de la violencia machista en distintos puntos del país.

Las voces que acompañan los datos activistas, familiares de víctimas y referentes de derechos humanos reclaman al Estado respuestas inmediatas: inversión en políticas públicas, capacitación a fuerzas y sistemas judiciales, y campañas contra la naturalización de la violencia. Mientras tanto, las estadísticas siguen marcando un ritmo preocupante: un femicidio cada 35 horas en lo que va del año, con picos de una víctima cada 28–36 horas según el corte temporal.

Las organizaciones convocan a mantener la visibilidad del problema y a sostener el reclamo por acciones concretas para evitar que las cifras sigan creciendo.