El Consejo de Políticas Sociales aclaró que esta medición no reemplaza al índice de pobreza por criterio monetario que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Más bien es un indicador complementario, que busca establecer otras causas y alcances de la pobreza para que el Estado diseñe políticas públicas acordes. El organismo está a cargo de Paula Amaya.
Una medición alternativa que realizó el Gobierno nacional indica que el 54,9% de la población puede ser considerada pobre, teniendo en cuenta un criterio monetario y uno multidimensional. Este último abarca factores estructurales como vivienda, servicios básicos, educación, empleo y salud, según señaló Nexofin.
Algunos de los criterios de consideración son la "precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento, tenencia insegura de la vivienda, condiciones sanitarias deficientes, ubicación de la vivienda en zona vulnerable".
"Considerando este método, en el primer semestre de 2021 un 54,9% de la población (44,6% de los hogares) presenta al menos una de estas dos situaciones de pobreza (monetaria o no monetaria) mientras que el 29,9% presenta ambas formas (22,2% de hogares)", estableció.
Escenario 2022
El aumento de la inflación Argentina y en menor medida en el mundo hacía tiempo no se daba de esta manera. El riesgo mayor es a nivel local, en particular porque entre 2018 y el 2021 no se registraba la actual suba de las tasas de interés en los EEUU y el fortalecimiento del dólar contra las demás monedas. Esto provoca una especie de viento de frente para nuestra economía a diferencia del viento de cola que hubo en ese período.
Entre el 2018 y el 2021 la Argentina mantuvo un régimen de alta inflación qué pasó del 40 al 50% acompañado de fuertes subas del dólar pero este año el escalón está 10 puntos por encima y si observamos los últimos 50 meses hay varios aspectos preocupantes. Sin un plan macroeconómico para detenerla algunos analistas consultados por iProfesional pueden llegar a al 80 % anual en 2023.
Para entender lo angustiante del tema hay que considerar los siguientes aspectos:
- En los últimos 50 meses la inflación estuvo por encima del 1% mensual.
- En solo cuatro de ellos hubo una inflación menor al 2% mensual. A principios de 2018 y los otros tres en medio de la cuarentena del 2020.
- En 15 de esos meses la inflación flotó entre el 2 y 3% mensual.
- En 29 de ellos el ratio fue del 3% mensual o mayor.
- En septiembre del 2018 y marzo pasado la inflación llegó al pico del 6,7 % mensual que son valores similares a los del 2002.
El economista y diputado Javier Milei explicó a iProfesional que: "se trata de una inflación estructural muy alta que proviene de la mega emisión monetaria del BCRA que además es persistente en donde los los precios libres suben más fuerte, pero los estacionales y los regulados suben también estos últimos a pesar de los congelamientos de tarifas de servicios públicos".
Milei destaca además que: "la inflación no se da en un producto en particular como los alimentos que señala el Gobierno, ni por remarcaciones de precios de un sector puntual como los supermercados, ni pasa por un mes especial, ni es por la llamada inflación importada, ni tampoco por el impacto de las exportaciones sobre la mesa de los argentinos como relata una gran parte del kirchnerismo".
El gasto público en la mira
Detrás de la inestabilidad macro y la alta inflación y la suba del dólar oficial y de los financieros estos años, hay un gasto público primario demasiado alto que termina siendo sólo financiable con emisión monetaria y con el actual impuesto inflacionario.
Ese nivel de gasto primario del sector público nacional, que parece tener un tope en torno a los 25 puntos del PBI y aumenta la necesidades financieras del Gobierno y provoca un expulsión del sector privado del crédito, el llamado crowding out.
Además, hay un gasto público provincial y municipal que tiene la presión impositiva por las nubes. En 2020 y 2021, se volvió a recurrir esencialmente a la emisión monetaria directa para financiar el cien por ciento del déficit primario. Unos 1,8 billones de pesos el primer año y otros 1,4 billones el segundo.
Todos los caminos para financiar ese nivel de gasto primario conducen a una inestabilidad con desequilibrios macroeconómicos creciente. Un nivel de gasto público primario anual cercano a 25 puntos del PBI termina generando una crisis de financiamiento y una aceleración de la inflación. Esta aceleración genera una licuación inflacionaria del gasto pero es un fenómeno transitorio, reversible y parcial.
Déficit fiscal en ascenso
Este proceso de ajuste fiscal vía licuación ocurrió en 2018, 2019 y también en 2021. Es una licuación incompleta y el financiamiento inflacionario del déficit fiscal va en ascenso.
Mientras que el nivel del gasto primario no baje será muy difícil bajar del 60% anual de inflación. Esta conclusión sirve para este año a pesar del nuevo acuerdo cerrado con el FMI que plantea reducir el déficit fiscal primario.
Al mismo tiempo, la política de suba de tasas de interés tiene un límite, ya que incrementos elevados pueden generar expectativas de mayores aumentos de precios futuros, posicionándose como única ancla nominal de corto plazo.
El otro aspecto que no estaba en 2018 al 2021 son las paritarias abiertas que se han desatado en este año y que podrían generar otro salto de la tasa de inflación. Esas negociaciones salariales se están acomodando a un escenario de inflación piso del 60%. La novedad es que las mismas se están negociando por períodos cortos, en promedio de 6 meses.
En el actual contexto donde el Gobierno se prepara para pagar un bono a unas 15 millones de personas con un costo fiscal estimado en unos 260.000 millones de pesos no se puede afirmar que el dato de inflación de marzo pasado será el más alto del año. Para abril las consultoras prevén entre un 5,5 al 6 % y no hay argumentos ni hechos para creer que en el corto plazo se logre una baja considerable de la inflación aunque el BCRA está llevando adelante una importante reducción de la emisión monetaria en el primer trimestre de este año.
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