El ministro de Justicia Cúneo Libarona, reveló la semana pasada los planes del Gobierno de Javier Milei en materia de lucha contra la corrupción en el Estado.
La propuesta de la fiscalía anticorrupción del Gobierno, que el Ministerio de Justicia impulsa, incluye la creación de una suerte de “Conadep de la Corrupción”, una fiscalía especializada para denunciar y combatir actos corruptos.
La iniciativa busca consolidar la eficacia en la persecución de la corrupción, promoviendo una respuesta más ágil y específica. Cúneo Libarona indicó que la Oficina Anticorrupción desempeñará un papel clave al presentar denuncias, pero destacó que el Ministerio de Justicia actuará como apoyo, colaborando estrechamente con fiscales y jueces.
A pesar de la creación de la fiscalía especial, Cúneo Libarona enfatizó que la persecución contra la corrupción no desaparecerá, sino que se canalizará a través de los organismos correspondientes. El ministro aseguró que el Gobierno irá “con todo contra el delito” y que se intensificarán los esfuerzos para combatir este fenómeno político de manera más efectiva.
Corrupción de funcionarios públicos: el rol de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas
No obstante la iniciativa del Gobierno, en la actualidad ya existe un organismo con competencias para investigar delitos de corrupción dentro de la función pública. Se trata de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), derivada de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, creada a partir de la Ley 24.946 Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En el organigrama, la PIA integra la Procuración General de la Nación, como órgano especializado en la "investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional", detalla la norma de creación de esa oficina.
Aclara que serán investigados los hechos de corrupción cometidos por "el personal que integra los organismos centralizados, descentralizados o entes en el que el Estado tiene participación". En contrapartida "la Fiscalía no entiende sobre los hechos que tengan lugar en los Poderes Legislativo o Judicial de la Nación, como tampoco en las instancias de Gobierno provinciales o locales", expresa.
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