Los analistas económicos ya proyectan que la inflación de julio estará cercana al 5%, con el impacto permanente de la suba de precios en los alimentos -aunque podría resultar más moderada que en los meses anteriores- y alza en el costo de los servicios regulados, como la tarifas de agua y un nuevo tramo de aumento en las cuotas de las prepagas.

La consultora Analytica proyecta una inflación de 5,4% para este mes de junio, con una leve suba respecto a mayo, por la tracción del ajuste en las tarifas de servicios públicos y, en segundo lugar, por el encarecimiento de alimentos con estacionalidad, como verduras. “Julio es un mes muy relevante porque sin el impacto de la electricidad y el gas, la suba de precios va a estar más en línea con lo que sucede con la inflación núcleo, perforando después de cuatro meses el 5% hasta ubicarse cerca del 4,6%”, estimó Claudio Caprarulo, director de la consultora.

En tanto, la consultora EcoGo tiene una previsión similar, con un 4,7% para julio. “Lo que puede impactar un poco más el próximo mes son los productos y servicios estacionales por las vacaciones de invierno. Este mes y el próximo la inflación seguirá en torno al 5%, sin bajas previstas por ahora”, destacó a Infobae Sebastián Menescaldi, director de la consultora.

Confirmados:

Prepagas: En julio se concretará el tercer tramo del aumento que se autorizó a las empresas de medicina prepaga. Las cuotas se incrementarán un 4% durante el mes próximo, luego de las subas de 8% de mayo y de 10% de junio. Estas actualizaciones se sumarán a las que ya se dieron en los primeros meses del año, con un acumulado de 43% desde el inicio del corriente año.

Tarifas de agua: La Secretaría de Obras Públicas oficializó que AySA aplicará durante 2022 un ajuste del 32%, en dos tramos. El primer aumento será del 20% en julio y luego habrá un 10% acumulativo en octubre. La actualización tarifaria se encuentra en línea con la propuesta formal que presentó la empresa durante la última audiencia pública que se realizó en mayo pasado.

Sin embargo, en esa audiencia, la presidenta de la empresa, Malena Galmarini advirtió que la suba del 32% es “simbólica” y quedó por debajo de los aumentos otorgados a las empresas de energía, para los servicios de gas y electricidad, que subieron en el año hasta 42,7% (un 80% de la variación salarial de 2021).

”Pareciera que el valor de la energía es mucho más que el valor del agua. El 32% no alcanza, ya que solo implica una reducción de la velocidad entre lo que necesitamos para cubrir la operación y los recursos que ingresan por recaudación”, dijo Galmarini durante su exposición en mayo pasado. Por eso, no se descarta que la empresa vuelva a pedir una nueva suba antes de fin de año y analice una segmentación de tarifas, como la que se prevé implementar para los usuarios de los servicios de gas y electricidad.

Alquileres: En julio se dará la segunda actualización anual desde que se sancionó la Ley de Alquileres. Mientras en el Congreso continua el debate por su modificación, los contratos que se firmaron en julio de 2020, cuando se reglamentó la ley, tendrán el próximo mes un nuevo ajuste. Por ejemplo, para un contrato que en julio de 2021 tenía un valor mensual de $30.000 con la actualización anual pasará a ser a partir de julio de 2022 de $44.468, un incremento de 48,23%. El actual Índice para Contratos de Locación (ICL) tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE). El ICL es publicado diariamente por el Banco Central.

Entre las propuestas que se están debatiendo en el Congreso, esta semana varios bloques de la oposición presentaron un proyecto donde se prevé que los contratos -hoy se actualizan una vez al año- puedan tener subas con una periodicidad de entre 3 y 12 meses. Además, se podrán aplicar otros índices de actualización, como el IPC (Precios al Consumidor, el IPIM (Precios Mayoristas) o el índice de salarios elaborados en todos los casos por el Indec.

Quita de subsidios

Hace una semana, el Gobierno oficializó a través de un decreto la segmentación de los recortes del beneficios, por la que se prevé que un 10% de los usuarios de servicios de gas y electricidad pasarán a tener tarifa plena. Según el texto oficial será con vigencia a partir de junio, retroactiva, y quienes quieran seguir recibiendo los subsidios deberán inscribirse en un registro que hasta el viernes no estaba habilitado.

El proceso no tienen plazos definidos, pero se estima que no estará disponible para el mes próximo. La quita de subsidios será gradual (en tres tramos bimestrales) y los usuarios de los deciles más altos terminarán pagando el precio pleno del valor del gas y la electricidad a fin de año.

De confirmarse las estimaciones del consenso de las consultoras económicas, la tasa anual de inflación de julio se acelerará a un rango próximo a 66%, consolidándose en la más alta de los últimos 30 años.