La gestión que encabeza Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa está en pleno proceso de análisis de los contratos que la gestión de Cristina Kirchner firmó durante los últimos años con empresas a las que se les encargaron drones, aviones, modernización de tanques y embarcaciones militares.

Las primeras conclusiones indican que el Estado pagó millones por desarrollos o materiales que nunca recibió o que los procesos de modernización de unidades que se encargaron expresan retrasos llamativos. Según documentos oficiales, se destinaron más de $ 200 millones al proyecto de Sistema Aéreo Robótico Argentino (SARA), que tenía como objetivo desarrollar dos prototipos de vehículos aéreos no tripulados, que no se completaron, y también se investiga la entrega de millones de dólares para el desarrollo de aviones Pampa, Pucará e IA100 que no se entregaron.

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La historia de los drones comenzó en 2015, cuando se suscribió un contrato entre el ministerio de Defensa e INVAP para desarrollar dos prototipos operativos de Sistemas Aéreos No Tripulados que debían ejecutarse en un plazo de siete años a cambios de un total de $ 2.095.900.000. El proyecto en total contemplaba vehículos aéreos no tripulados, una estación terrena de control, sistemas de comunicaciones y un paquete de tecnología para blancos aéreos de alta velocidad.

Desde las cuentas de Defensa partieron para el INVAP unos $ 200.470.000, además de otros $ 45 millones facturados, pero no cobrados en el marco de este convenio. Sin embargo, en 2016 el contrato quedó en stand by y en noviembre de 2017 la cartera que por entonces dirigía Oscar Aguad le solicitó al INVAP que informe el grado de avance del contrato SARA con sus respectivos costos detallados. Al mismo tiempo, se le pidió a este organismo que reformule el alcance del contrato pero desde entonces la propuesta no tuvo avance alguno.

Durante la entrega de cinco tanques TAM modernizados, Petri no ocultó su malestar por las transferencias de dinero en el marco de ese convenio. “Se llevan invertidos más de 21 millones de dólares en proyectos para la realización de drones, y al día de hoy no tenemos un solo dron de fabricación nacional y el desafío es tener, fabricar y producir drones en la República Argentina para que posibiliten el control y vigilancia de nuestras fronteras, el control y vigilancia de nuestro espacio aéreo marítimo”, remarcó.

Este y otra serie de contratos más están siendo investigados por la cartera de Defensa para evaluar si se cometieron delitos penales en la asignación de los fondos públicos o si existió algún tipo de desvío de ese dinero. Para eso se requirieron auditorías a las distintas empresas de la defensa como la Fábrica Argentina de Aviones, el Complejo Industrial y Naval Argentino Tandanor, y Fabricaciones Militares Sociedad del Estado (FMSE). Del resultado de esos trabajos se podrían desprender presentaciones judiciales.

En este sentido, la actual gestión colocó la mira en una serie de compromisos que la Fuerza Aérea Argentina (FAA) y la Armada Argentina firmaron con FADEA y Tandanor, respectivamente. Los convenios contemplaban la entrega de aviones Pucará, Pampa, IA100 y remolcadores. Defensa transfirió 215 millones de dólares para incorporar y modernizar 17 aeronaves y unas 14 embarcaciones, entre las que se destaca la coberta ARA Parker. “Nos deben los remolcadores, no hay nada”, dicen en las oficinas de Azopardo 250.

Actualmente está en ejecución uno de los 12 remolcadores que la Armada Argentina le encargó a Tandanor. Desde Defensa profundizarán una línea de investigación: si el dinero transferido para la adquisición de material no se utilizó para cubrir déficits de esas empresas.

Entre 2020 y 2023 desde el Ministerio de Defensa se transfiririeron unos USD 166.391.225 al funcionamiento de Fabricaciones Militares y la Fábrica Militar de Aviones con sede en la provincia de Córdoba.