Sin embargo, la principal desventaja de esta fórmula es que congela a las jubilaciones en términos reales hacia el futuro. “Esto significa que las personas jubiladas quedan sin mecanismos para ganar terreno en la puja distributiva, en tanto no tienen margen para aumentar sus ingresos más allá de la inflación, en un contexto en el que esta quedó fijada en un poder de compra muy bajo”, detalla el informe.

A su vez, de haber posteriores ganancias de los salarios en términos reales, con este decreto no tienen forma de incorporarse a los haberes. Tampoco en caso de aumento de recaudación ante una etapa alcista del ciclo económico.

Por eso mismo, la Cámara Baja aprobó que la fórmula de movilidad quede atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación, y a los salarios promediados en el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

En ese sentido, se aceptó que la actualización de los haberes se realice de manera semestral y se estableció un incremento adicional de forma anual, en marzo, por el 50% por ciento de la diferencia entre la variación salarial y la inflación.

En el proyecto con media sanción también se incorporó, entre otros puntos, un pago extra de 8% para equiparar el 20,6% de la inflación de enero, ya que el Gobierno solo había otorgado un 12,5%.

La iniciativa tuvo consenso mayoritario en la Cámara de Diputados, pero no fue acompañada por el Presidente, quién publicó en su cuenta de X: “No entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva a la pérdida de valor de los bonos y con ello suba el riesgo país y la tasa de interés”. Esta misma idea la ratificó en el Latam Economic Forum, de manera un poco más coloquial: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”.

Bajo la lógica fiscalista que impera para rechazar la fórmula de movilidad jubilatoria, Futuros Mejores asegura que “redirigiendo un tercio de los gastos tributarios hacia el sistema previsional, permitiría financiar una mejora del 20% del haber mínimo para todas aquellas personas mayores que cobran esa prestación”.

Entre otras propuestas para incrementar los haberes de los jubilados, consideran importante buscar “nuevas fuentes de sostenibilidad” colocando el foco en los ingresos, incluir una contribución extra al sistema público para aquellos que aporten a sistemas privados, o la captación de flujos financieros ilícitos y reducción de la evasión.

Sobre esta última idea, los especialistas aseguran que recuperando el 11,43% de los impuestos evadidos o eludidos, el Estado podría financiar sustentablemente una movilidad del 100% respecto del salario mínimo para quienes cobran la mínima.

Para uno de los colaboradores del informe, Cometta, sociólogo especializado en temas de Seguridad Social, el proyecto de recomposición de haberes “representa una mejora considerable respecto del Decreto inconstitucional del Gobierno”. A su vez, es un “indicio interesante” de reflejos de diversos sectores políticos “tendiendo puentes para ponerle un freno a la gobernanza vía decreto”.

Sobre el rechazo del Presidente, sostiene que el Gobierno “nos vende el cuento de que tienen que cerrar los números”, lo cual es una “falacia total”, ya que al mismo tiempo promueve a través de la Ley Bases “cada vez más exenciones impositivas y beneficios para que los grandes grupos económicos blanqueen capitales fugados durante el gobierno de Macri”.

En ese sentido, entiende que la gestión actual “concibe a la protección social como un mero gasto que hay que eliminar y privatizar” y por ello “vacían de recursos las arcas del Estados para que sus socios hagan enormes negocios”

Actualmente, según la organización Cippec, el 95% de las personas mayores están cubiertas por el sistema previsional. Hay 6,6 millones de beneficiarios de regímenes previsionales en Argentina. Según Futuros Mejores, el 45% logró jubilarse gracias a alguna moratoria previsional, por lo que de no haber existido tales, la cobertura nacional hubiera bajado al 55%.

De derogarse la moratoria previsional vigente, un punto incluido en la Ley Bases, quienes no cumplan con los 30 años de aporte deberán pasar a la PUAM, que representa el 80% del haber mínimo.

Esta prestación es una opción que recién se habilita a los 65 años, cuando la moratoria lo hacía posible a los 60 años para las mujeres. Si se deroga la moratoria, existen al menos 246.631 mujeres de entre 60 y 64 años que deberán esperar a cumplir 65 para tener alguna protección.