Uno de los puntos claves del proyecto de ley llamado “Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina” (SINCA), es que se cambia el origen de donde provienen los costos, ya que pasan a recaudarse a través del ANSES, y no van a estar a cargo del empleador. Es decir, que el costo asociado al incremento de las licencias pasará a ser asumido por las cajas de seguridad social. Es muy importante remarcar este cambio ya que al día de hoy, el incremento en los costos “de las licencias”, es uno de los principales argumentos de los empleadores para no contratar mujeres.

Este punto es algo que nos afecta a las mujeres desde siempre, debido a que es frecuente que dentro del mercado laboral seamos evaluadas no solo por nuestras capacidades sino también por estar dentro de la franja etaria reproductiva, por ser madres o por tener a cargo a niños/as. Actualmente, ésta continúa siendo una pregunta frecuente en entrevistas y factor de exclusión de oportunidades laborales.

Dentro del marco legal, en la actualidad, solo los trabajadores en relación de dependencia tienen licencias remuneradas, de las cuales, 90 días corresponden para las mujeres y 2 días para los varones, salvo aquellas empresas que otorgan licencias por fuera de la normativa.

El proyecto de ley incluye la ampliación de licencias a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos. Ampliar este derecho es poder garantizar el cuidado de los niños y las niñas de forma equitativa. En la actualidad, al ser más larga la licencia por maternidad, genera una desigualdad y una carga en las mujeres sobre las tareas de cuidado y una marcada discriminación en los ámbitos laborales por cuestiones de género.

Si bien Argentina es pionera en el mundo, y de vanguardia en Latinoamérica en relación a derechos adquiridos respecto a cuestiones de género y de igualdad, actualmente hay una deuda muy importante en relación a este tema, porque somos el último país en el ranking respecto a la licencia de paternidad, al contar solamente con 2 días, posicionándonos por debajo de las recomendaciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). En los últimos años hubo una diversidad de proyectos de ley vinculados a reducir estas brechas, pero jamás se llegaron a implementar. Este proyecto es un gran paso para poder conciliar la vida laboral, reproductiva y familiar equiparando los derechos y oportunidades entre mujeres y varones porque impulsa un cambio de paradigma y un momento de maduración social frente a los cambios de mirada de las nuevas generaciones.

Otro de los impactos positivos del proyecto es que contempla el cuidado de gran parte de la población que queda fuera de la legislación actual, como ser personas con discapacidades, adultos mayores y también adopciones, personas no binarias, tratamientos de fertilidad o cuidados neonatales. Por último, gran parte de la economía de las personas que se dedican a tareas de cuidado y domésticas se encuentran en el sector informal, es decir, no están registradas. En este sentido el proyecto también impulsa el registro de empleos que, por supuesto, beneficia en primer lugar a los estratos más vulnerables. Normalmente, las personas que se dedican a los cuidados en general, tienen un bajo ingreso económico. Para decirlo sencillamente, todavía muchas mujeres, a las cuales les recae 3 veces más el peso de esas tareas que a los varones, al evaluar tomar un trabajo miden si vale la pena “cambiar el dinero” contratando a alguien que lo haga, porque muchas veces esto no resulta beneficioso, con lo cual, prefieren quedarse en casa al ser más económico para ellas y, finalmente, esto impacta directamente en nuestras tasas de inserción laboral.