Junto con la confusión y grandes dudas operativas que ha dejado instaladas entre los especialistas y las empresas eléctricas y gasíferas, el nuevo esquema de "segmentación tarifaria y quita de subsidios" presenta otra arista destacada vinculada con el enrevesado y complejo mecanismo normativo que se debe poner en marcha para llevar adelante los ajustes en juego.

En el ámbito nacional, la implementación práctica de la "segmentación tarifaria" diseñada por el ministerio de Economía que comanda Martín Guzmán requerirá de una aceitada participación que involucra a 9 dependencias y entes oficiales. Y en el caso del servicio eléctrico, la instrumentación de los cambios tarifarios demandará también la intervención administrativa y regulatoria de todos los gobiernos y los órganos de control de las provincias.

Tal como está planteado, el nuevo régimen tarifario vuelve a poner de manifiesto la evidente incapacidad del Gobierno para salir del encierro de los costosos subsidios que ha venido otorgando a granel con una medida clara y coherente que no les complique la vida a los usuarios.

Según la letra chica del decreto 332, serán precisamente los clientes residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas de todo el país los que ahora deberán informar en qué niveles se encuentran sus ingresos mensuales y cuántas propiedades y vehículos tienen para que luego los funcionarios decidan qué tarifas van a pagar y si les corresponde o no algún porcentaje de subsidio.

Cuáles son las 9 dependencias oficiales que deben intervenir en la aplicación de la segmentación de tarifas y subsidios

Segmentación de tarifas: tres niveles

El nuevo esquema de segmentación para clientes residenciales se divide en tres niveles. El primer escalón corresponde a los de mayores ingresos que, según los números oficiales, representan el 10% de los hogares que se quedarán sin subsidios. Son aquellos que tienen ingresos mensuales superiores a 3,5 canastas básicas y totales (CBT) y son titulares de al menos tres autos, tres inmuebles, aeronaves, yates y activos societarios que exteriorizan capacidad económica plena.

El segundo estrato lo integran quienes reciben el beneficio de la tarifa social y quienes perciben un ingreso inferior a una CBT ($95.260 a valores de mayo); mientras que el tercer nivel corresponde a clientes de ingresos medios que poseen hasta dos inmuebles y un vehículo.

Las personas comprendidas en los niveles 2 y 3, en principio, no tendrán más aumentos hasta enero próximo, siempre y cuando se inscriban en los nuevos registros oficiales.

A partir de 2023, deberán afrontar subas tarifarias que se calcularán tomando como base el 40% y 80% de la variación salarial que se registre a lo largo de este año.

¿Quiénes intervendrán en el funcionamiento de la segmentación tarifaria?

Un repaso de los distintos estamentos nacionales que intervendrán para poner en funcionamiento la "segmentación tarifaria" deja sobre el tapete un cargado panorama compuesto por dos nuevos registros nacionales (RASE y ReNUT) y nueve dependencias oficiales que deberán tener un desempeño casi perfecto y sin fisuras para que el asunto no se vuelva en contra del Gobierno.

En el primer lugar de la lista aparece la Secretaría de Energía, comandada por el neuquino Darío Martínez. Ésta área -que depende de Guzmán- será la "autoridad de aplicación del nuevo régimen de segmentación de subsidios y estará facultada para dictar todas las normas y actos administrativos que resulten necesarios para su concreción. Entre otras funciones, Martínez tendrá que suscribir convenios con todas autoridades y entes reguladores provinciales para que las distribuidoras eléctricas del interior puedan instrumentar los cambios en juego.

En un segundo lugar se encuentra la Subsecretaría de Planeamiento Energético a cargo de Santiago López Osornio, el único funcionario del staff de Energía que responde directamente a Guzmán. Deberá crear y manejar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde tendrán que anotarse los usuarios residenciales que soliciten mantener los subsidios sean o no titulares de los servicios de luz y gas. La Subsecretaría implementará periódicamente distintos cruces de información para verificar la veracidad de las declaraciones juradas y confeccionará los padrones definitivos de los beneficiarios que luego usarán las distribuidoras para facturar en forma diferenciada a los usuarios que tengan tarifa plena y a aquellos que sigan subsidiados.

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) -que encabeza la camporista Fernanda Raverta se sumará a la movida de la segmentación con la atención presencial de todos los jubilados y pensionados que deben inscribirse en el RASE y no lo puedan hacer por los canales digitales.

Segmentación de tarifas: otros involucrados

En tanto, la Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público -que maneja Micaela Sánchez Malcolm y depende de la Jefatura de Gabinete de Juan Manzur- será la encargada de diseñar el "formato digital" con el cual los usuarios deberán presentar la "declaración jurada" de sus datos personales, económicos y patrimoniales.

A su vez, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -que dirige Marisol Merquel, ex diputada bonaerense del sector liderado por Martín Insaurralde- tendrá como tarea la creación del Registro Nacional Único de Titulares de Servicios Públicos Esenciales (ReNUT), cuyo objetivo será "administrar el flujo de datos y de información para el ámbito nacional, conociendo la composición cualitativa y cuantitativa de los usuarios y usuarias de los servicios públicos".

Todo el cúmulo de informaciones y datos que ingresen a RASE y al ReNUT será transferido e integrado al SINTyS (Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social), el organismo con rango de "Dirección Nacional" que pilotea Florencia Espinosa. El SINTyS actuará en su carácter de "coordinador de intercambio de información" para dar cumplimiento a las previsiones existentes en materia de protección de datos personales y sensibles.

Otros dos eslabones relevantes que también intervendrán en la segmentación son el ENRE -bajo la batuta de la camporista Soledad Manín- y el Enargas, a cargo del asesor energético de la vicepresidenta Cristina Kirchner y vocal del Instituto Patria, Federico Bernal. Ambos entes reguladores se desempeñarán como "Unidades Operativas de Implementación" del nuevo régimen de tarifas y subsidios y deberán dar cumplimiento a todas las normas que disponga la Secretaría de Energía y la cartera económica de Guzmán.

Cierra la grilla de organismos participantes en el nuevo esquema tarifario, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), cuyo manejo operativo está en manos de Sebastián Bonetto, un aliado directo del Subsecretario de Energía Eléctrica, el camporista Federico Basualdo. Cuando el secretario Martínez lo ordene, la Cammesa tendrá que instrumentar un mecanismo alternativo para emitirles a determinadas distribuidoras las facturas sin subsidios por la energía eléctrica que reciben del sistema nacional.

El nuevo esquema de "segmentación tarifaria y quita de subsidios" presenta un enrevesado y complejo mecanismo normativo del país

El rol de entes y autoridades provinciales

A los actores nacionales hay que agregarle todos los entes reguladores y las autoridades provinciales que tienen bajo su órbita el control del servicio de energía eléctrica en el interior del país que prestan las cooperativas, distribuidoras privadas y empresas estatales.

Mientras tanto y ante la casi segura avalancha de consultas y preguntas que comenzarán a plantear los usuarios por la falta de precisiones oficiales, las distribuidoras ya comenzaron a abrir el paraguas.

Por ejemplo, Gas Pampeana y Gas del Sur -controladas por el grupo Camuzzi- colgaron en su página web un aviso donde advierten que "aún no cuentan con información respecto a los usuarios alcanzados por la segmentación" y que una vez que el Gobierno reglamente su aplicación "se llevarán cabo las adecuaciones pertinentes para cumplimentar con las disposiciones vigentes".