Para cuando llegaron las nuevas facturas de gas con fuertes aumentos en los cargos básicos, un 53,2% de usuarios de servicios públicos había admitido estar dispuesto a pagar a partir del 25% más por la luz, el agua y el gas con tal de ayudar a reducir el déficit fiscal.

Fue en respuesta a una encuesta de Giacobbe y Asociados, en la que por otra parte, un 45,4% de los consultados fue terminante: “nada más”.

En el desglose surge que un 20,5% dijo aceptar que se duplique, mientras un 14,3% admitiría un 50% más y el 18,8%, el 25% extra.

La compulsa refleja que la prédica oficial contra el déficit fiscal prendió en parte de la conciencia ciudadana, que reconoce la incidencia que tiene el subisio en un 95% del costo de la electricidad y el gas, de acuerdo con la relación precios-costos del mes pasado.

Pero el casi 45% de negativas a pagar más aumentos indica, por un lado, un rechazo ideológico alineado con las críticas de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cruzada del gobierno contra el déficit fiscal, pero también confirma el importante porcentaje de la población que la está pasando muy mal con el ajuste económico.

La frontera del dolor

Traducido: dentro de la misma encuesta fue medida la “frontera del dolor” frente a la situación económica y resultó ser que el 30,3% declaró que no puede resistir más; 15,4 % que podría 8 meses; 16,7% un año; 8% dos años; 1,5% 3 años y el 27,4% 4 años.

Significa que entre las respuestas la mayor parte reconoce tener resto para aguantar 4 años un ajuste, que probablemente guarde relación directa con los que tenían dólares atesorados y los están gastando, según la interpretación del propio presidente Javier Milei.

Los últimos cálculos realizados sobre lo que gastaba el mes pasado un hogar promedio del AMBA sin subsidios para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable, según el instituto IIEP UBA-CONICET, ascendía a $118.825.

Denota una suba de 295%, respecto a diciembre pasado, por actualización de las tarifas de transporte, energía eléctrica, gas natural y agua, cuyo servicio aumentó 209% en AMBA y es el único que hasta el momento, mantendrá ajustes mensuales.

Según el organismo, el desglose mostraba un gasto promedio de $27.924 en electricidad de $40.906 en boletas de gas, $20.631 de agua y $29.364 de transporte, como el boleto de colectivo.

Los incrementos dispuestos para este mes alteran esos números.

En los últimos días, las distribuidoras de gas enviaron facturas por el servicio con subas de hasta el 400% en los cargos fijos, los que llegan al 1.300%.

Canasta básica energética

Es este el punto de partida de la transición hacia el nuevo régimen de tarifas energéticas.

Con esta medida, el Gobierno busca pasar del esquema de subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados y poner funcionamiento la Canasta Básica Energética (CBE).

Hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, la Secretaría de Energía podrá "establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22". Así, Energía tendrá facultades para:

• Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas.
• Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial.
• Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría de Energía o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
• Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
• Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
• Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
• Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
• Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.