Tras las recientes derrotas legislativas del Gobierno, que incluyeron el rechazo de fondos para la Secretaría de Inteligencia y la aprobación de una ley previsional que fue posteriormente vetada por el presidente Javier Milei, el Poder Ejecutivo se encuentra en una carrera contra el tiempo para recuperar la iniciativa en el ámbito legislativo.

En este contexto, se prevé que en los próximos días se envíen al Congreso varios proyectos de ley, entre los cuales destaca el denominado "Ley Hojarasca".

Ley Hojarasca

La "Ley Hojarasca" tiene como objetivo eliminar normas consideradas obsoletas que, según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, representan riesgos para la libertad económica o son simplemente ineficaces.

En declaraciones públicas, Sturzenegger mencionó ejemplos de regulaciones que se han vuelto anacrónicas, como aquellas que regulan las carreras de palomas o que imponen trámites innecesarios. La revisión exhaustiva de la legislación ha permitido identificar normas que limitan la actividad económica y que, en muchos casos, carecen de relevancia en el contexto actual.

Divorcio exprés

Otro de los proyectos que se contempla en esta nueva fase legislativa es el de facilitar el proceso de divorcio administrativo. Este proyecto permitirá que las parejas que lleguen a un acuerdo y no tengan hijos puedan tramitar su divorcio de manera sencilla ante el registro civil.

La simplificación de este proceso busca reducir la carga sobre el sistema judicial y facilitar la resolución de situaciones que, en ausencia de controversias, pueden ser gestionadas de manera más eficiente.

Sucesiones

El Gobierno también está trabajando en un proyecto de ley destinado a simplificar los trámites de sucesiones. Este nuevo enfoque permitirá que las sucesiones se realicen con la intervención de un escribano, siempre que las partes involucradas estén de acuerdo.

La intención es acelerar el proceso de sucesión patrimonial, que actualmente puede demorar meses en el sistema judicial. Aunque el costo del trámite podría no disminuir, se espera que los tiempos de espera se reduzcan significativamente.

Reforma educativa

La reforma educativa es otro de los ejes centrales de la agenda legislativa del Gobierno. Según el secretario de Educación, Carlos Torrendell, esta reforma se enfocará en la carrera y evaluación docente, promoviendo una profesionalización del sector.

El proyecto incluye la evaluación de los docentes cada cuatro años y la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Torrendell ha subrayado que el objetivo de la evaluación es mejorar la calidad educativa y no castigar a los docentes.

Desregulación del transporte

En el ámbito del transporte, Sturzenegger continúa trabajando en la desregulación de los sectores aéreo, marítimo y terrestre, especialmente en lo que respecta a las cargas. Uno de los objetivos es eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), que ha sido objeto de críticas por su carácter restrictivo.

Esta licencia, que se refiere a vehículos de carga, ha sido considerada innecesaria para ciertos usos, como el transporte de herramientas por parte de trabajadores autónomos.

Reforma laboral

La reforma laboral es otro tema de gran relevancia en la agenda del Gobierno. Según el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se espera que la reglamentación de esta reforma se publique en breve. Los principales cambios incluyen la eliminación de incrementos y multas que han contribuido a la litigiosidad laboral, así como la implementación de un régimen de desempleo negociable en los convenios colectivos.

Este enfoque permitirá que las partes establezcan alternativas que se adapten mejor a sus necesidades, promoviendo un ambiente laboral más flexible.

El contexto político en el que se desarrollan estas iniciativas es complejo. Tras el veto a la ley de jubilaciones, que fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso, Milei ha enfrentado críticas tanto de la oposición como de sectores dentro de su propia coalición.

La decisión de vetar la ley fue motivada por preocupaciones sobre el impacto fiscal que tendría en las cuentas del Estado, lo que ha llevado a un debate sobre la sostenibilidad de las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno.La oposición ha manifestado su intención de insistir con la ley en el Congreso, lo que podría llevar a una nueva confrontación entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas que buscan revertir el veto. Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para mantener su agenda legislativa en medio de un panorama adverso.