El texto propone modificar artículos del Código Electoral Nacional para prohibir nombres, apodos, imágenes y cualquier referencia personal en las boletas. La premisa es clara: la lista debe reflejar la identidad del espacio político y no promover ventajas individuales.
La idea se extiende a la campaña: se plantea que la comunicación política priorice plataformas y programas partidarios, y que los medios difundan centralmente propuestas y lineamientos de cada fuerza, por encima de la figura de sus postulantes.
En términos operativos, cuando haya renuncias, fallecimientos o inhabilitaciones, el reemplazo se realizará siguiendo el orden de la lista oficializada; el voto se entenderá emitido al partido y no a una persona en particular. El esquema también preserva la paridad de género vigente, con alternancia obligatoria en titulares y suplentes.
En los fundamentos, Milman advierte que en los últimos años creció la “personalización” de la competencia electoral, debilitando la vida interna de los partidos y favoreciendo liderazgos que se agotan con la coyuntura. Para apuntalar su argumento, cita modelos como los de España, Uruguay y Alemania, donde el voto se organiza con foco en las siglas y programas.
La presentación llega en un clima enrarecido por la polémica en torno a José Luis Espert y su salida de la carrera electoral. Aunque el proyecto no lo menciona, la discusión sobre cómo se representa el voto —si en torno a personas o a estructuras políticas— volvió al centro de la escena.
“Es una medida de salud democrática”, concluye la iniciativa, al sostener que el ciudadano debe saber que su sufragio respalda un proyecto colectivo más allá de las circunstancias personales de los candidatos.
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