Fuentes empresariales de Tierra del Fuego aclararon que la propuesta de modificación del proceso productivo de teléfonos celulares presentada recientemente por cámaras y empresas del sector no contempla una reducción de la masa laboral, sino una actualización técnica del régimen vigente para adecuarlo a los cambios tecnológicos del mercado.

En los últimos días, distintos medios nacionales y provinciales informaron que la iniciativa implicaría una disminución de hasta el 50 o 75% del personal afectado a la fabricación de celulares. Sin embargo, desde el sector productivo desmintieron esa versión y remarcaron que el objetivo es fortalecer la competitividad de la industria local frente a los productos importados, no reducir empleos.

“Lo que se propone es una actualización del proceso, tal como ocurrió en su momento con los televisores, cuando el esquema de producción aún contemplaba etapas vinculadas a los antiguos tubos. Hoy la tecnología avanza, y los procesos deben acompañar esos cambios. En el caso de los celulares, se busca simplificar la integración, adaptarla a los nuevos componentes y mantener la producción nacional vigente”, explicaron fuentes empresariales.

Las empresas remarcaron que la modificación del proceso productivo es una herramienta para mantener vigente el polo industrial fueguino dentro del régimen de promoción, permitiendo incorporar innovaciones tecnológicas sin perder competitividad frente a los fabricantes extranjeros.

“Actualizar no significa recortar”, subrayaron desde el sector, y destacaron que las plantas de la provincia continúan operando con normalidad, manteniendo los niveles de empleo y producción.

La iniciativa, que forma parte de un trabajo conjunto entre cámaras empresariales y firmas radicadas en la provincia, será evaluada por el Gobierno nacional en el marco de las normativas que regulan el régimen de promoción industrial.

Desde las empresas insistieron en que estas adaptaciones son habituales en una industria en constante transformación, y que el objetivo es sostener la producción, preservar los puestos de trabajo y asegurar que la Argentina siga fabricando tecnología con valor agregado local.