En una reciente reunión, el Consejo Federal Pesquero (CFP), presidido por Juan Antonio López Cazorla, decidió por unanimidad no modificar la normativa que establece un límite de 5 toneladas de captura incidental de merluza negra, según la Resolución CFP 9/2023. Esta resolución fue ratificada a pesar de la solicitud presentada por la empresa Prodesur, propietaria del buque pesquero TAI AN, que proponía elevar este límite al equivalente al 1,5% del total de la captura por marea.

La decisión del CFP se basó en un informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), que recomendó mantener la normativa actual. Según el INIDEP, los registros de pesca históricos y actuales indican que es completamente viable realizar la pesca comercial de polaca utilizando redes de media agua, sin exceder el límite de 5 toneladas de captura incidental de merluza negra por marea. El informe resaltó que las capturas incidentales de merluza negra son generalmente de escaso volumen.

El análisis de la actividad del TAI AN durante los primeros meses de 2024 reveló irregularidades en sus operaciones. Según el INIDEP, el buque capturó cantidades significativas de merluza negra en el Área de Protección de Juveniles de Merluza Negra (APJMN), superando las toneladas permitidas. El informe sugiere una posible intencionalidad en la captura de merluza negra, a pesar de la explicación de la parte armadora, que argumentó que se trataba de una captura incidental al intentar pescar polaca.

Además, el INIDEP destacó que el TAI AN utilizó redes de arrastre de fondo a profundidades menores a 800 metros, entre 400 y 600 metros, lo cual infringe la Resolución CFP N° 21/2012, que prohíbe esta práctica en el APJMN. La pesca a estas profundidades probablemente resultó en la captura de juveniles, contraviniendo la norma que limita la captura de juveniles al 20% del total por marea.

El CFP publicó su decisión en el Acta 12/2024, fechada el 1 de agosto, durante una reunión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma participaron representantes del Poder Ejecutivo y de provincias con litoral marítimo, como Carlos Cantú por Tierra del Fuego. La resolución reafirma el compromiso del CFP de regular y proteger los recursos marinos, garantizando la sostenibilidad de las especies y la legalidad en las prácticas pesqueras.