En respuesta al impacto económico de la inflación y la reciente devaluación, el Tribunal de Cuentas (TCP) de la provincia decidió otorgar un aumento salarial del 10% sobre el sueldo básico de todas las categorías del órgano de control. Esta mejora, que comenzó a regir desde el 1 de agosto, se formalizó a través de la Resolución Plenaria 137/24, dictada el pasado 21 de agosto.

La decisión del TCP se enmarca en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de sus trabajadores, quienes han visto erosionados sus ingresos debido al sostenido y excesivo incremento de precios en los últimos meses. En la resolución se afirma que “resulta conveniente establecer medidas de protección de las remuneraciones tendientes a mantener el poder adquisitivo del personal”, destacando el impacto de la devaluación, que ha acelerado la suba de precios y superado los índices oficiales en muchos casos.

El presidente del Tribunal, Miguel Longhitano, y el Vocal de Auditoría, Hugo Pani, señalaron que el acuerdo se alcanzó luego de conversaciones mantenidas con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de “procurar preservar los haberes de los trabajadores del Organismo, atenuando conforme a las posibilidades el desequilibrio económico y financiero que se vive actualmente”.

Con este incremento, el salario básico sin adicionales de la categoría más baja (cadete) se estableció en 435.709,56 pesos, mientras que el de la categoría más alta (secretario) asciende a 1.162.840,30 pesos. Los únicos salarios que superan estas cifras son los de los vocales del Tribunal de Cuentas, cuyos montos no son publicados.

Cabe destacar que este aumento del 10% es el séptimo que se aplica en el año, con cinco incrementos consecutivos entre enero y mayo, y un sexto en julio. Sin embargo, pese a estos ajustes, los salarios del TCP acumulan un incremento del 77% en lo que va del año, aún 12 puntos por debajo de la inflación acumulada en la región patagónica entre enero y agosto, que según el INDEC alcanzó el 89,2%.

El incremento salarial dispuesto por el Tribunal de Cuentas tiene un impacto directo en los sueldos de varios sectores de la administración pública provincial, debido a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la ley de presupuesto provincial 2021. Esta norma establece la equiparación del básico de escala salarial del Escalafón Profesional Universitario (EPU) con el del cuerpo de auditores, abogados y otros profesionales del Tribunal de Cuentas.

Además, la ley fija la remuneración del Gobernador en 6 veces la remuneración básica de la Categoría E del EPU, que a su vez equivale al básico de escala de la Categoría A3 del cuerpo de auditores del TCP, actualmente en 693.532 pesos. De este modo, el incremento salarial en el TCP repercute en los haberes del Gobernador, la Vicegobernadora, Legisladores, Autoridades de Cámara, y miembros del gabinete provincial.

A pesar de la normativa que fija los salarios de los altos funcionarios, el Gobernador y la Vicegobernadora decidieron aplicar una suspensión del 21% y del 19%, respectivamente, sobre sus propias remuneraciones. Esta medida, adoptada en un contexto de ajustes y restricciones, refleja un intento de moderar el impacto financiero en las arcas públicas mientras se busca preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con estos cambios, el aumento del 10% aprobado por el Tribunal de Cuentas se suma a una serie de medidas salariales que afectan a distintos niveles del gobierno provincial, evidenciando la complejidad de mantener un equilibrio financiero en tiempos de alta inflación y devaluación acelerada.