El Gobierno de Santa Cruz, encabezado por el gobernador Claudio Vidal, firmó recientemente un acuerdo con la empresa china Hongdong Fisheries Co., Ltd., con el propósito de modernizar la infraestructura portuaria y construir una planta pesquera en la provincia. Este convenio, sellado en la ciudad de Fuzhou, en la provincia de Fujian, China, apunta a ofrecer servicios logísticos a la flota pesquera china que opera en la milla 201, zona de pesca internacional donde, desde hace años, se denuncia la explotación indiscriminada de los recursos marinos argentinos.

El acuerdo incluye inversiones para mejorar cinco puertos provinciales, además de la construcción de astilleros y nuevas plantas de procesamiento. Este desarrollo permitiría a la flota china, que se dedica a la pesca en aguas internacionales, abastecerse en Santa Cruz. Sin embargo, el proyecto ha sido cuestionado por varios sectores debido a la falta de transparencia sobre sus detalles y los posibles efectos negativos en el ecosistema marino y la economía local.

El debate sobre el uso de puertos argentinos por flotas extranjeras no es nuevo. En 2020, el gobierno de Alicia Kirchner ya había considerado esta posibilidad, aunque sin llegar a un acuerdo formal. Ahora, la iniciativa de Vidal reaviva la discusión sobre la conveniencia de habilitar puertos provinciales para la flota china, conocida internacionalmente por sus prácticas pesqueras agresivas y poco reguladas.

Diversas organizaciones ambientales y sectores de la pesca nacional han expresado su preocupación ante el acuerdo. El Círculo de Políticas Ambientales, por ejemplo, denunció que habilitar servicios logísticos para la flota china podría incentivar prácticas ilegales y depredadoras en el Atlántico Sur, en una zona que ya sufre la sobreexplotación de recursos. Además, varios estudios, como el realizado por The Outlaw Ocean Project, han documentado la estrategia de las flotas chinas de utilizar banderas de otros países para pescar en zonas restringidas, un fenómeno que afecta también a Argentina.

Se estima que el impacto ambiental de esta flota en el Atlántico Sudoccidental es significativo, debido a la falta de regulaciones y a la práctica de capturar especies amenazadas. Según informes internacionales, la flota china opera con más de 400 embarcaciones, muchas de ellas sin observadores a bordo, lo que dificulta el monitoreo de sus actividades. Los sectores pesqueros nacionales y patagónicos ven con gran preocupación que en lugar de combatir estas prácticas, se considere prestar servicios a dichas embarcaciones.

En el ámbito político, legisladores provinciales han anunciado que solicitarán acceso público al acuerdo, para obtener información detallada sobre sus términos y condiciones. Este pedido busca esclarecer las implicancias legales, ambientales y económicas del proyecto, además de evaluar el posible impacto en los intereses nacionales y regionales.

El convenio entre el Gobierno de Santa Cruz y la empresa Hongdong Fisheries Co. abre un nuevo capítulo en la relación entre Argentina y la flota pesquera extranjera. No obstante, la falta de claridad sobre los beneficios y riesgos reales del acuerdo ha generado una fuerte controversia que promete continuar en la agenda pública.