La abogada, Dra. Pamela Torres Saravia, se refirió al caso particular que atraviesa una familia de Rio Grande que solicitó el acompañamiento a una familiar que se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del HRRG tras ser diagnosticada positivo de Covid-19.
El pedido fue presentado a la justicia fueguina por la abogada representante y se dictó un fallo a favor que deberá implementarse en 48 horas por el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia.
“Al estudio jurídico acudió una familia muy angustiada comentando su situación, tienen una pariente muy cercana, su madre específicamente, internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional Rio Grande”, dijo Saravia en dialogo con Minuto Fueguino.
Sobre el cuadro de salud de la paciente dijo, “además de ser mayor de 60 años, presenta un cuadro de diabetes, sobrepeso e hipertensión con lo cual se agrava aún más en esta situación. Por esto, la familia muy preocupada vino a consultar la posibilidad de tener un contacto con su madre, ellos ya lo habían solicitado en el hospital, pero aducen que no cuentan con el protocolo”.
A raíz de eso último, la abogada precisó que en la provincia ya existe una Ley que tiene como objetivo crear el \"Protocolo de Asistencia Humanizada\" para personas afectadas por patologías terminales.
“Lo cierto es que la Ley 1.323 fue sancionada por la provincia el 25 de septiembre, día que se sancionó y se publicó en el Boletín Oficial el 30 del mismo”, indico.
Cabe destacar, que en su Artículo 1° dicha Ley, sostiene: Establézcase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur el \"Protocolo de Asistencia Humanizada\" para el acompañamiento de los pacientes terminales por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del Covid-19.
“La realidad es que, desde el inicio de la pandemia, todos los pacientes transitan esta enfermedad en soledad, el único contacto que tienen es el personal médico. Entonces lo que nosotros queremos es que se aplique, eso es lo que pedimos a la justicia que dio lugar al amparo y condena a la provincia para que en el término de 48 horas implemente un protocolo previsto por Ley”, afirmó la abogada.
Por último, precisó lo establecido en los ARTICULOS 3° y 4°: “establece que, la autoridad del COE es la que debe dictar y redactar justamente el protocolo de aplicación obligatoria. Esto se está incumpliendo, al menos no tenemos conocimiento de que exista un protocolo o algo similar, en igual plazo la visita de forma personal bajo las condiciones de seguridad al grupo familiar. El Gobierno debe entender que detrás de esto hay familias angustiadas que no pueden ver a sus familiares\".
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