En paralelo a la negociación de la deuda, la reforma del sistema jubilatorio se convirtió en un asunto prioritario para el Gobierno. Su preocupación por ese tema se hizo patente en diciembre con la suspensión de la fórmula de movilidad y la decisión de revisar los regímenes especiales, decisiones contenidas en la Ley de Solidaridad. Así, en las últimas semanas, las autoridades avanzaron con un aumento en marzo que implicó un ahorro respecto del cálculo suspendido y la media sanción para modificar en forma parcial las jubilaciones de los jueces y el servicio diplomático. Todos cambios que no están exentos de desafíos.

El Presidente aseguró en la apertura de sesiones del Congreso que el objetivo es dotar de mayor \"equidad\" al sistema previsional y fortalecer el carácter \"redistributivo y solidario\" de los haberes. El nuevo esquema significó que las jubilaciones de hasta $16.200 obtuvieron en marzo una suba de entre 13% y 11,56% (el valor que hubiera correspondido por la fórmula previa), mientras que los haberes superiores a ese umbral -incluso aquellos por debajo de la canasta de pobreza del adulto mayor, estimada en $42.000- terminaron financiando a los ingresos más bajos.

El Gobierno niega que el nuevo esquema discrecional implique un ajuste. El planteo es que el resultado fiscal de las medidas, incluyendo el pago del bono de enero y computando todas las prestaciones, tiene un impacto fiscal \"neutro\".

Pero un informe de CEPA reveló que el incremento de marzo ($1.500 más un 2,3% para todas las escalas) representa una reducción del monto de las jubilaciones de unos $5.500 millones, en comparación con los fondos que hubiera demandado utilizar la movilidad suspendida en diciembre pasado.

El ahorro se alinea con el objetivo de lograr la \"sustentabilidad\" y reducir el déficit del sistema, hoy en dos puntos porcentuales del PBI, según datos oficiales. Por ello, el Ejecutivo impulsa medidas para corregir los \"desequilibrios\" y evitar \"privilegios\".

En el caso de la Justicia y el servicio exterior, el plan es un aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, un incremento de los aportes del 12 al 18% y más años de servicio para acceder al beneficio jubilatorio, manteniendo el 82% móvil pero sobre la remuneración de los últimos 10 años en lugar del último sueldo.

En el Gobierno afirman que por ahora no hay otros cambios previstos, pero la oposición olfatea un avance sobre el conjunto de los regímenes especiales, en especial aquellos vinculados a los trabajadores.

La sospecha surge del texto que modifica el régimen de magistrados y diplomáticos, en cuyos fundamentos se sostiene que \"es parte de un conjunto de iniciativas propiciadas por el Poder Ejecutivo Nacional con el fin de reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen de reparto público\".