Tras varias semanas sin novedades respecto a la denuncia por presunto acoso laboral hacia dos empleadas del IPVyh, la Dra. Dalila Nora quien asumió la representación de Liliana Ibáñez y Sandra Aballay, actualizó que se sigue trabajando en instancia penal por esta situación.

Se trata del caso que se hizo público meses atrás que involucra a dos empleadas, ambas con licencia psiquiátrica y sin poder retornar a sus puestos de trabajo, tras haber denunciado en la justicia y el Ministerio de Trabajo, situaciones de posible violencia laboral y hostigamientos.

En diálogo con Radio Provincia se refirió a las novedades de este caso, “en el día de ayer se realizaron las ampliaciones de denuncia por comentarios inapropiados que existieron por parte de quien sería el instructor del IPV, en una de las reuniones. Se empezó a trabajar con eso y hoy nos presentamos en el IPV esperando la resolución de los sumarios y lamentablemente al día de la fecha la presidenta no nos ha dado ningún tipo de información”.

“Acá en Río Grande nadie sabe nada o desconocen hasta incluso el nombre de los sumariantes así que en el día de mañana estaremos presentándonos en Ushuaia si es necesario, para tener las resoluciones de las chicas”, añadió.

En esa línea, la letrada indicó que, “esto es lo que se incorporó en las causas penales, ahora veremos cómo manejarlo de ahora en más. La actual presidente reconoció esa situación, en aquella oportunidad incluso hasta para proteger a las chicas les ofreció sacarlas del lugar. Evidentemente acá la situación es que nadie está comprendiendo que no podemos normalizar situaciones de violencia”.

“En los últimos tiempos podemos constatar que las situaciones de violencia están existiendo cada vez más y con mayor intensidad, en todos los organismos de la administración pública”, apuntó.

Asimismo, se refirió al accionar las máximas autoridades, “lamentablemente no tienen idea de cómo llevar adelante el proceso porque desconocen la reglamentación y lo peor de todo porque no quieren conocerla”.

“Lo de las chicas tomó estado público porque los medios colaboraron un montón y siguen colaborando, pero cuantas son las denuncias de violencia hoy y que están calladas”, cuestionó.

“Hubo reuniones y el señor Horacio Alonso estaba ahí cuando él no puede estar en el edificio del IPV, esto es una burla. Es que hay varios que están en situación de jubilaciones y por eso queremos las resoluciones ante que eso ocurra, vamos a seguir insistiendo y vamos a empapelar de notas el IPV si es necesario porque nos van a tener que dar una respuesta porque no pueden manejar la situación como la vienen manejando”, insistió la letrada.

“Al paso que vamos se está avanzando más en la causa penal de las trabajadoras que la situación sumarial, pero particularmente a mi nada me sorprende de esta gestión”.

Y cerró, “hemos tenido comunicaciones con la abogada de la Fundación Micaela que son los generadores de la famosa ley Micaela, pedimos la intervención, estamos dispuesto a llevar esta causa a nivel nacional y es por eso que hemos comenzado con todas estas tratativas. La abogada de la fundación pidió a la oficina de la mujer, a la provincia y al Ministerio de Trabajo en particular, respecto a la investigación y como se encontraba todo, y sorpresivamente el ministerio indicó la poca intervención en una causa que mantuvo una reunión de más de ocho horas, así que realmente es desgastante, es imposible trabajar en este marco”.