La situación de las empresas textiles en Tierra del Fuego atraviesa un momento de tensión luego de que, el viernes pasado, Pablo Lavigne, titular de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, firmara una resolución que deja fuera de la prórroga del subrégimen industrial a cuatro importantes compañías, entre ellas Barpla, Australtex, Fabrisur y Sueño Fueguino.
En ese marco, dicha medida impacta directamente en el futuro laboral de 500 empleados, sumando preocupación a un sector que ya venía expresando sus reservas sobre el manejo de las autorizaciones.
Por su parte, el presidente de la Cámara Fueguina de la Industria (CAFIN), Alberto Garófalo, ya había manifestado su inquietud la semana anterior “aún no han salido las autorizaciones necesarias para la prórroga, y esto deja en una posición incierta a las textiles", declaró.
Además, Garófalo señaló que las presiones de lobbies del continente, que buscan limitar la competencia, han influido en las decisiones que afectan al sector “no tiene sentido atribuirlo solo a una cuestión de costo fiscal, ya que la participación de las textiles en el régimen es mínima", afirmó.
Por otro lado, el contador Ramón Gallardo también se pronunció en reiteradas ocasiones sobre este tema, enfatizando el "aporte retroactivo al 1 de enero de 2022 que debían hacer las empresas textiles al FAMP", además de una reducción del 2,3% anual sobre los beneficios que hasta el momento habían gozado.
Según explicó, este ajuste se aplicaría en el Impuesto a las Ganancias, de modo que, en un plazo de diez años, las empresas bajo el subrégimen pasarían a tributar un 25% de sus utilidades.
Gallardo también rememoró que esta situación fue una consecuencia del Decreto 594 aprobado durante el gobierno anterior, el cual fue impulsado por gestiones del exministro de Economía, Sergio Massa, y presiones de distintos grupos de poder “nos atacaron desde medios nacionales y referentes políticos, considerándonos un gasto tributario del 0,35% del PBI", sostuvo.
La redacción del Decreto 594 ha sido cuestionada, ya que genera confusión sobre el momento exacto en que las empresas afectadas perderán sus beneficios y recibirán las autorizaciones para continuar operando “la interpretación del decreto no se ajusta a lo que se había planteado originalmente", aseguró Garófalo, quien advirtió que la situación para el sector textil en Tierra del Fuego sigue deteriorándose.
Con la exclusión de las mencionadas empresas y la falta de una respuesta clara por parte de las autoridades, se espera que el próximo jueves, durante una reunión de la comisión del área aduanera especial, haya novedades que puedan brindar mayor claridad sobre el futuro del sector en la provincia.
FUENTE: Provincia 23
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