La enfermera Graciela Flamenco se desempañaba como personal civil en la Unidad Penitenciaría de Río Grande y en diálogo con Minuto Fueguino, relató la angustiante situación que está atravesando luego de que fuera desplazada de su puesto laboral tras denunciar serias irregularidades en el manejo de los fondos de una polémica “caja chica” que tiene como principal protagonista al oficial Elvio Montenegro, quien ya fue denunciado ante una justicia que todavía no dio ningún tipo de respuesta concreta.

Al respecto, la enfermera Flamenco comentó que “todo esto se inicia a través de un informe que hice en su momento por cuestiones irregulares dentro del área donde yo estaba trabajando. Como enfermera estuve durante ocho años en el Servicio Penitenciario y se prestó esta situación que durante un tiempo firmaba planillas con recargos a un oficial que es quien nos decía al resto del grupo de personas que estábamos, que el objetivo era para juntar fondos para mejorar el área.”

En este sentido, precisó que “en un principio fue destinado a cuenta del oficial Montenegro y después se pasó otro CBU porque era muy llamativo y en teoría se iba a armar una caja chica para poder juntar materiales o lo que hiciera falta dentro del área de sanidad. Muchas veces nos faltaron elementos y teníamos que salir a comprar, pero en teoría ese era el objetivo del recargo, juntar fondos cuando ese dinero tendría que estar en una caja chica para cuando haya alguna necesidad y eso no sucedía. Después de un tiempo me di cuenta que ese dinero no aparecía por ningún lado y no había ningún tipo de reforma y empecé a averiguar para conocer el destino final del dinero que aportábamos con el resto de las personas que trabajábamos ahí. Yo era personal civil y el resto penitenciarios. Fue en ese momento cuando me di cuenta que no éramos solo nosotros ya que había personal de otras áreas que hacían lo mismo, pasaban dinero de recargos que iban a mejorar el servicio, pero no fue así”.

A raíz de esta situación, “pedí que se hiciera devolución de dinero y en su momento el Jefe de Unidad hizo que me la devolvieran y se pudo hacer una compra de librería y fue esa única vez. Yo estuve aportando durante cuatro meses hasta que dije basta que fue en mi licencia anual. También dijeron que iban a comprar pintura y después me di cuenta que ya había pintura adquirida.”

La enfermera Flamenco comentó que decidió “hablar con uno de los jefes de Ushuaia, le comenté la situación y ahora se inició esta investigación. Hace poco me citaron en el Juzgado de Instrucción N°3 por este tema y me preguntaron si en algún momento mantuve una reunión con el resto del personal de sanidad y con Montenegro que estaba a cargo en su momento y yo expliqué que no. En teoría, según me indicaron, estaban autorizados a pasar esos recargos y uno de los jefes fue el encargado de hacer la denuncia y si bien se hizo una investigación, todavía no pasó nada”.

“Fueron ocho años dentro del Servicio Penitenciario y como personal civil y profesional, sentí que me título estaba totalmente tirado abajo porque nunca se reconoció el trabajo y sentí que había acoso laboral, persecución después de todo esto y hasta me obligaron a cambiar el horario de trabajo. Yo tengo tres hijos y sabía que las cuestiones familiares me perjudicaban un montón porque llevaba hace siete años trabajando”, expresó en un crudo relato la enfermera Flamenco.

Según detalló, “un 27 de noviembre me enfermo y no tenía ganas de levantarme para ir a trabajar, ese día me desperté en una crisis y decidí ir al hospital porque no tenía la fuerza suficiente para cruzar el portón de la Unidad por el estrés que tenía. Yo siempre entendí que los internos no dejaban de ser personas, pero todo se volvió muy oscuro y el maltrato laboral fue mucho, al igual que el acoso. Mi desvinculación está íntimamente relacionada por lo que pasó hoy, me enfermé y nadie pasó por mi domicilio para ver cómo estaba. Siento que fui castigada por hacer esta denuncia. Tengo miedo por lo que pueda llegar a pasarme y después con mis hijos”.

Consultada sobre si mantuvo contacto con los nuevos jefes de la unidad, indicó que “hasta el año pasado podía sentarme hablar con lo que sería la dirección. De hecho, el Director Cánovas estuvo en su momento y con él se podía hablar; uno tenía asistencia. Pasé por situaciones de violencia y un médico amagó con pegarme con un elemento contundente y en ese momento llamé al director para decirle que ese tipo de situaciones no quería aceptarlas más y menos como mujer”.

Finalmente, y producto de esta persecución laboral, “hoy tuve que hacerme monotributista y trabajo de contrato y no tengo nada fijo. Averigüé y tuve propuestas para trabajar en planta permanente y hoy no las puedo aceptar porque estoy dependiente del Servicio Penitenciario”.