El nuevo interventor del cuartel de Bomberos Voluntarios de Tolhuin, Pedro Franco, se refirió a la resolución del IGJ (Inspección General de Justicia) después de casi un año de haberse presentado las pruebas por una serie de irregularidades en la entidad la cual se tuvo que intervenir en 2019. Los cinco integrantes que ocupaban la comisión directiva quedaron inhabilitados para ocupar para ocupar cargos de instituciones sin fines de lucro.

“En su momento se pidió el tema del sumario administrativo por parte del IGJ a la última comisión directiva lo cual fue llevado adelante. Hace algunos días atrás se expidió el IGJ en el tribunal de justicia y se notificó a la última comisión donde se inhabilitó para ocupar cargos en instituciones sin fines de lucro. De acuerdo al cargo que tenían dentro de la comisión se inhabilito entre cinco, cuatro y tres años a los integrantes”, detalló el quinto interventor en dialogo con Minuto Fueguino.

“Para contextualizar el tema, hay que entender que primero está la comisión directiva y después también está la parte de los interventores. La última comisión se interviene en el año 2015 y a partir de ahí se sucedieron cinco intervenciones. La presentación en el IGJ fue justamente por falta de entrega de los balances, por falta de llamar a elecciones y por entorpecer el trabajo”. Paralelamente hay otras presentaciones por los interventores ante el ente fiscalizador y también en la justicia ordinaria, “es importante diferenciar bien lo que es la Inspección General de Justicia que es el ente fiscalizador de todos los entes civiles de la provincia y el ámbito de la justicia ordinaria que también hay presentaciones, pero no contra esta comisión directiva pero la idea es avanzar y clarificar todo lo que se hizo en su momento y entregar un cuartel saneado”.

“Ahora con esta resolución lo que se va a hacer es que voy a oficiar de querellante inicialmente en el tribunal de cuentas de la provincia para que también determine la responsabilidad de esa comisión”, detalló Pedro Franco.

Además, añadió que esta determinación es vista de manera muy positiva, “hay celebrarlo porque de alguna manera lo que en su momento se presentó finalmente se está viendo reflejado. La gestión que encaramos en julio del año pasado va a cerrar este año 2021 con el balance 2019 presentado, es decir que hay un trabajo importante y se sigue trabajando”.

En cuanto a las irregularidades manifestó, “el tema primero es la falta de documentación, segundo con la documentación que hay estas personas ocupaban o ya tenían cargos permanentes dentro del Estado y también cobraban una remuneración por bomberos, donde la ley provincial especifica que las personas no pueden recibir doble remuneración. Lo otro es el tema de cargas de combustible en vehículos no oficiales, llama la atención todo este modus operandi. Otra cosa que pedí son los dominios históricos de los vehículos, muchos no estaban declarados dentro del patrimonio del cuartel y de esta manera también se hacían operaciones irregulares con esos móviles. Puedo nombrar un montón de situaciones que en su momento se va a determinar si se encuadra o no en un delito”, concluyó.