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Tolhuin

Termas del Valdez: "que un juez fije un plazo tan corto para el desalojo sin un aviso previo es preocupante"

En un reciente fallo del juez Loffler, se ha declarado la irrecurribilidad de una decisión judicial que afecta directamente a las termas de Tolhuin, un tema que ha suscitado un intenso debate jurídico y social en la provincia. En este contexto, el Dr. Miguel Febre, abogado de la empresa involucrada, compartió su perspectiva sobre las implicancias legales de este fallo y las preocupaciones sobre la constitucionalidad de la decisión.

La controversia comenzó cuando el juez Loffler dictó un fallo que establece que el Estado debe tomar posesión de las tierras de las termas. Según el Dr. Febre, esta medida llega con dos décadas de retraso, ya que, según el Código Civil, el Estado tenía la obligación de ejercer este derecho dentro de un plazo razonable. “Esto está claramente estipulado en el Código Civil. No lo dice un abogado, está en las leyes”, afirmó, subrayando que la falta de acción del Estado ha llevado a la prescripción de la acción, lo que complicaría su reclamo actual sobre la propiedad de las tierras.

Uno de los puntos más controvertidos del fallo es la declaración de “irrecurribilidad”. Esto plantea interrogantes sobre la posibilidad de apelar la decisión en instancias superiores. “El Estado de Derecho permite la revisión de fallos por parte de la Corte Suprema en casos notoriamente inconstitucionales”, señaló el Dr. Febre, sugiriendo que esta situación podría ser uno de esos casos, ya que la falta de revisión judicial podría sentar un peligroso precedente.

Además, el abogado subrayó que la falta de notificación formal a la empresa sobre el fallo es una irregularidad grave. “Nos enteramos a través de los medios de comunicación, lo cual no debería ocurrir. La justicia debe actuar a través de los canales formales”, argumentó. Esta falta de notificación plantea dudas sobre la transparencia del proceso judicial y su compromiso con los derechos de las partes involucradas.

El Dr. Febre también cuestionó el proceso de desalojo que se establece en el fallo, que fija un plazo de cinco días para que la empresa abandone las tierras. Este plazo se está llevando a cabo sin la debida notificación a la parte afectada, lo que podría ser un acto arbitrario. “El hecho de que un juez fije un plazo tan corto para el desalojo sin un aviso previo es preocupante y podría interpretarse como un abuso de poder”, expresó.

Durante la entrevista, el Dr. Febre hizo hincapié en que cualquier fallo que no respete el principio de contradicción—el derecho de las partes a ser notificadas y a presentar su defensa—es, por definición, inconstitucional. “No puede haber un fallo irrecurrible. Si la acción prescribió porque el Estado no tomó posesión en el tiempo estipulado, no se puede considerar válida”, afirmó, insistiendo en que la justicia debe estar al servicio de todos los ciudadanos, garantizando sus derechos.

El tema de la usucapión de las tierras también fue discutido. El Dr. Febre explicó que, aunque la empresa había iniciado este proceso, las mensuras necesarias para avanzar nunca fueron firmadas por la municipalidad de Tolhuin. “Esto priva a la empresa del derecho fundamental de prescripción”, comentó, sugiriendo que la falta de acción municipal ha contribuido a la confusión y a la situación actual.

En cuanto a las repercusiones del fallo en la comunidad, el Dr. Febre expresó que este caso no solo afecta a la empresa, sino que plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia y la protección de los derechos de los ciudadanos. “Si esto se permite, se sientan precedentes peligrosos que pueden ser utilizados en futuras decisiones judiciales, afectando a cualquier individuo o entidad que se encuentre en una situación similar”, advirtió.

Finalmente, el Dr. Febre concluyó su intervención con una fuerte crítica al estado actual de la justicia en Tierra del Fuego, calificándola de “aberrante” por no respetar los principios básicos del Estado de Derecho. “Esperamos que este caso continúe en los carriles adecuados de la justicia, donde se respete la legalidad y los derechos de todos los involucrados”, enfatizó, haciendo un llamado a la reflexión sobre la importancia de un sistema judicial justo y accesible.

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