Tras la interpelación al Secretario Legal y Técnico en el Concejo, el intendente Daniel Harrington resolvió reorientar partidas del Ejecutivo para que el Legislativo local pudiera afrontar salarios, dietas y gastos de funcionamiento, luego de que su presupuesto anual quedara agotado en agosto.

Según explicó, antes de la citación intentó abrir una mesa de negociación que no prosperó. Aun así, el funcionario interpelado concurrió y expuso las explicaciones “en el marco impuesto por el Concejo”, pese a que —sostuvo Harrington— el procedimiento tenía objeciones jurídicas. “No tenemos nada que ocultar”, remarcó.

Después de la sesión hubo una reunión de varias horas y, al día siguiente, un nuevo encuentro. Los concejales plantearon la falta de recursos para afrontar obligaciones inmediatas. El intendente dijo haber priorizado destrabar el pago de sueldos y, en paralelo, mantuvo contactos con ATE y UPCN, que manifestaron su preocupación por el atraso.

La salida elegida fue ajustar el propio Ejecutivo: se disminuyeron partidas destinadas a dietas de funcionarios municipales y se amplió, sin modificación del presupuesto general, la disponibilidad del Concejo. La Secretaría de Economía trabajó “a contrarreloj” para que los depósitos se acreditaran de forma urgente.

Harrington enmarcó la crisis en “un contexto nacional de fuerte ajuste” que impacta en las finanzas municipales y, por arrastre, en el Legislativo. Aclaró que no interviene en cómo el Concejo administra su dinero, pero sí advirtió que la partida asignada estaba consumida.

“Esto desactiva el foco de conflicto salarial, no las diferencias políticas de fondo”, cerró. Y dejó una definición: la puerta al diálogo seguirá abierta, pero con la premisa de proteger la prestación de servicios a la comunidad.