La Asamblea de la Comunidad Costera de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur ha elevado varios pedidos de informe al Gobierno provincial respecto a la instalación de un coto de pesca dentro del área natural protegida Península Mitre y la colocación de tranqueras con candado que restringen el acceso a zonas que, según la legislación vigente, deberían ser de acceso público.

Carla Wichman, integrante de la organización, solicitó precisiones a diversas entidades gubernamentales sobre estas situaciones. Uno de los requerimientos fue dirigido a la Dirección General de Catastro, donde se solicitó información sobre los límites de las playas de dominio público, conforme al artículo 235, inciso b, del Código Civil y Comercial de la Nación. Además, se consultó sobre la normativa que rige el cercado de estancias a lo largo de la ruta complementaria A y si existen restricciones legales que permitan desafectar terrenos de acceso público para su uso privado. En particular, se busca esclarecer la situación de las estancias La Fueguina y María Luisa y conocer sus límites georreferenciados.

Otro de los pedidos fue remitido a la Dirección General de Recursos Hídricos y se centró en la situación del coto de pesca World’s End Lodge Irigoyen. Se requirió información sobre la normativa provincial relacionada con este tipo de establecimientos, su habilitación y funcionamiento, y si el mencionado coto cumple con las disposiciones vigentes. Además, se pidió que se determine su ubicación exacta y qué medidas se tomaron desde la sanción de la Ley Provincial 1461, que en 2022 declaró a Península Mitre como área natural protegida.

Asimismo, se presentó un pedido de informe ante el Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR), dirigido a su presidente, Dante Querciali. En este caso, la consulta está vinculada al funcionamiento de un lodge de pesca en la estancia María Luisa, cuya habilitación también fue cuestionada por la Asamblea. Se solicitó conocer qué medidas se han implementado para fiscalizar la actividad en esa zona y, en caso de irregularidades, qué acciones correctivas se contemplan.

Estas presentaciones surgen tras un informe periodístico reciente que denunció la instalación de tranqueras en la ruta complementaria A, impidiendo el acceso a Península Mitre, así como la restricción del acceso al mar en la zona de cabo San Pablo. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad, especialmente entre pescadores artesanales y defensores del acceso público a los recursos naturales.