La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, establece claramente que “toda persona con discapacidad debe ser tratada con dignidad y respeto”. Pero el documento, se establece la siguiente clasificación:

• 0-30 (idiota). No atraviesa la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no puede subsistir solo.
• 30-50 (imbécil). No lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, puede realizar tareas rudimentarias.
• 50-60 (débil mental profundo). Solo firma, tiene vocabulario simple, no maneja el dinero, puede realizar tareas rudimentarias.
• 60-70 (débil mental moderado). Lee, escribe, realiza operaciones simples, conoce el dinero, puede realizar trabajos de escasa exigencia intelectual.
• 70-90 (débil mental leve). Cursó primaria y a veces secundaria, puede realizar tareas de mayor envergadura. Fronterizos los que tienen CI cercan al normal.

Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), calificó el uso de estos términos como “un acto de violencia institucional sin precedentes”.

Desde el País Vasco, en España, el catedrático Julen Bollain Urbieta, doctor en Estudios sobre Desarrollo y economista de la Universidad de Mondragón, es una de las voces más críticas. En un contundente mensaje en redes sociales, Bollain afirmó:

“El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’. Esto no solo es una violación de los acuerdos internacionales contra la discriminación, sino una barbaridad que nos retrotrae a épocas oscuras de la historia“.

Bollain, especializado en estudios sobre desarrollo y renta básica, destacó que este tipo de clasificaciones además de ser ofensivas, lo único que consiguen es perpetuar la exclusión social y económica de las personas con discapacidad.

“En pleno siglo XXI, es inaceptable que se utilice un lenguaje que deshumaniza y estigmatiza a quienes ya enfrentan múltiples barreras en su vida diaria“, añadió.

En 1997, se reconoció que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, pero que las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales que requieren apoyo y políticas públicas adecuadas.

Este documento oficial ignora estos avances, y también representa un retroceso histórico en la lucha por la dignidad y la igualdad.