El secretario General de SETIA, Rodrigo Cárcamo, habló con Minuto Fueguino acerca de la delicada situación que atraviesan las empresas textiles de Río Grande, detallando los desafíos que enfrentan las fábricas locales luego de quedar fuera del Subrégimen de Promoción Industrial y abordó los rumores sobre posibles cierres, subrayando la necesidad de agotar todas las instancias para proteger los empleos y evitar que las empresas se vean forzadas a cerrar sus puertas.

En ese marco, Rodrigo Carcamo puntualizó en la reunión mantenida con el gobernador de la provincia y otros altos funcionarios y destacó que se discutió sobre el rechazo de las adhesiones de cuatro decretos presentados por empresas textiles de la ciudad "lo que implica el rechazo a una adhesión no es el cierre, sino que perderían los beneficios impositivos que contempla la ley 19.640”, aclaró.

A su vez, mencionó que la ministra de Industria estaba en Buenos Aires gestionando reuniones para las empresas afectadas, como Fabrisur y AustralTex.

En esa línea, Cárcamo explicó que, según el Gobierno nacional, existen inconsistencias tributarias en algunas empresas, mientras que estas últimas aseguran que han cumplido con sus obligaciones "se ha abierto un recurso administrativo de reconsideración que tiene un plazo de 20 días para que las empresas presenten la documentación que avale su postura”, comentó, refiriéndose particulamente a las empresas Fabrisur y Australtex, quienes deben entregar pruebas para resolver este conflicto.

El secretario General de SETIA también diferenció la situación de otras fábricas como Sueño Fueguino y Barpla, cuyos propietarios han decidido seguir una vía judicial y agumentó cierto tipo de discriminación respecto al decreto que extiende los beneficios a la industria electrónica. Por lo cual, Cácamo puntualizó que estas empresas intentan obtener los mismos beneficios que el sector electrónico, y hasta ahora, su decisión es continuar operando sin los incentivos fiscales.

En este sentido, Rodrigo Cárcamo fue claro en cuanto a la gravedad de la situación para los empleados "si estas cuatro empresas son rechazadas en su totalidad, estamos hablando de más de 500 puestos de trabajo en riesgo”, advirtió.

A pesar de ello, resaltó que el sindicato sigue en contacto con las autoridades para encontrar una solución y mencionó que el gobernador ha intentado comunicarse directamente con los dueños de las empresas para explorar alternativas.

Por último,, Cárcamo señaló que las fábricas pueden seguir trabajando, aunque sin los beneficios impositivos, lo que podría llevar a cierres en el futuro "el gobierno ha gestionado reuniones con la Secretaría de Industria, y esperamos que la documentación presentada por las empresas pueda avalar su posición”, concluyó.