Rafael Ponce, secretario General del SEJUP, se refirió a los cuestionamientos existentes por el nuevo sistema que se pretende imponer en el Poder Judicial para el control del horario del personal. Sería a través del registro de huellas dactilares. Lo cuestionó como “un gasto innecesario” y expresó temor por “la protección de datos”. Reclaman una entrevista con el presidente del Superior Tribunal de Justicia por este tema.

El secretario General del SEJUP, Rafael Ponce, señaló en una entrevista realizada por Radio Provincia que el control del personal se realiza “a través de los secretarios de los tribunales -que son los que dan fe- y se manda una planilla por intranet. Esto se ha hecho durante mucho tiempo y nunca tuvimos problemas”, advirtió al quejarse por la nueva modalidad que se piensa implementar.

Dijo que con los cambios previstos se está avanzando “en cuestiones que no tienen nada que ver y gastos que se generan cuando necesitamos implementar otras medidas. A los empleados judiciales no les molesta el control, porque lo tenemos desde hace muchos años. De hecho, si un empleado sale después recupera el horario que estuvo fuera, y esto no pasa casi en ningún lugar”, advirtió, agregando que en el sector “no se pagan horas extra y hay una sobrecarga de trabajo impresionante”.

Después explicó que “hay un montón de cuestiones que la superintendencia debería implementar, en vez de generar malestar por esto. La mayoría de los empleados está en desacuerdo con el sistema de huella digital, porque va a generar atrasos y complicaciones”, aseveró.

Ponce además señaló que “el nivel de ausentismo no es alto para nada dentro del Poder Judicial”. Dijo que las críticas se las plantearon “a la Secretaría de Superintendencia, que entendió nuestro malestar. Y nos preocupa la protección de datos, porque están tomando huellas digitales que quedan digitalizadas y no estamos informados de quiénes son responsables de esos datos biométricos. Hay toda una cuestión legal y de resguardo que no se cumple de parte de la Secretaría de Superintendencia”, advirtió finalmente el secretario General.

Mencionando que la medida se habría resuelto “por un anexo de una resolución y aparentemente no hay ningún juez notificado, ni tampoco los secretarios que controlan el ingreso y egreso de personal”, por ese motivo solicitaron una reunión con el presidente del Superior Tribunal, el Dr. Gonzalo Sagastume, pero “hace más de diez días estamos esperando respuesta”, se quejó.