El Director Ejecutivo de la Unión Industrial Fueguina, Ramiro Caballero, dialogó con FM Masters donde se refirió a la situación actual que atraviesa el sector textil de Tierra del Fuego.

Al respecto, comentó que “con estas adhesiones que no fueron aprobadas, cada una tiene una particularidad, pero de las cinco no aprobaciones, dos son las que no sorprenden porque entendemos que están en condiciones de entrar dentro del subrégimen sino que además son las principales actores del sistema productivo de este sector. El Estado Nacional les comunicó a las propias compañías que no cumplen uno de los requisitos entendiendo que tienen ante AFIP con las obligaciones tributarias y previsionales, según lo que dice el artículo. Las empresas cuando hacen la adhesión en todo momento indican que no solamente cumplen, sino que están al día en este sentido.”

En este sentido, remarcó que “el Gobierno Nacional por los informes que tiene de AFIP, a estas dos compañías (Australtex y Fabrisur) si tienen incumplimientos entonces las empresas tienen la posibilidad de recurrir a esta medida con 20 días de plazo para hacer un recurso de reconsideración. El Estado también hizo un comunicado oficial explicando los motivos, y no deja de sorprendernos. Las otras tres empresas, una de ellas es Hilandería Río Grande que es desde hace años no viene produciendo en la provincia y las otras dos, Sueño Fueguino y Barpla, no renunciaron al derecho de litigar ante el Estado que era uno de los requisitos que prevé el 524 e interpusieron una medida ante la justifica federal de discutir los términos del decreto.”

Caballero sostuvo que “siempre hay un manto de sospecha si se controla el régimen o no y la verdad es que está totalmente controlado desde el Gobierno Provincial, El Estado Nacional, AFIP, Aduana, los gremios y las cámaras que representan a las empresas.”

Asimismo, indicó que “los informes de AFIP no se condicen con lo que las empresas indican. Tengo expectativas de que esto se pueda revertir en términos de cualquier tipo que hagan las compañías porque si realmente pueden demostrar que cumplieron en tiempo y forma con los requisitos del decreto, no debería haber ningún motivo para rechazarlas.”