Por el momento en que fue dictado, el fallo del juez Eduardo López agrega más controversias al polémico proceso de elección de Juez Correccional. El mismo juez López también concursa un cargo.

A horas de tener que votarse en el Consejo de la Magistratura la selección de un Juez de Ejecución para Río Grande, un fallo de primera instancia agrega aún más motivos de polémica a un concurso que viene arrastrando múltiples motivos de sospecha acerca de su objetividad.

Los consejeros están convocados para este miércoles para dar su veredicto final en la elección de seis jueces sin que se hayan aclarado los fuertes cuestionamientos que afectan la candidatura de dos de los postulantes.

En el caso de la elección de Juez Electoral, todo indica que las impugnaciones habidas contra el ex ministro Echazú no han sido tenidas en cuenta por los consejeros y que su candidatura sigue en pie, sin más escollos.

Más complicada es la resolución de la cuestión que rodea al actual director del Servicio Penitenciario Sergio Diéguez, cuya candidatura no ha sido objetada por los consejeros a pesar de que ha sido acusado de faltar a los requisitos al omitir informar sobre al menos cuatro denuncias penales que ha recogido a lo largo de su gestión.

Desde el Consejo de la Magistratura, algunos pretendieron defender esta omisión, alegando que no tienen las denuncias estado de proceso penal, o que no existían al momento de inscribirse el candidato y redactar su declaración jurada.

Ambos argumentos quedaron desmentidos de manera flagrante con la aparición de un dictamen del juez de Instrucción de Primera Nominación Eduardo Lopez, quien dispone rechazar el requerimiento fiscal y sobreseer a Diéguez en una causa por supuesta privación ilegítima de la libertad.

Según publica el portal actualidadtdf.com.ar, el Juez interpreta que hubo un “un error involuntario generado por ‘problemas de comunicación’ y que Diéguez en particular ‘no tenía forma de saberlo’”.

Con el fallo (que no está firme, vale aclararlo), queda demostrado que la causa existía y que tenía casi un año de evolución, por lo que debió haber sido informada en la DJ de Diéguez ante el Consejo de la Magistratura.

Lo curioso y abierto a la polémica es que el dictamen del juez de Instrucción se produce después de un año de devenir del expediente y cuando el escándalo acerca de las causas penales de Diéguez estaba en su punto máximo, el viernes pasado.

No es un detalle menor que el propio López es candidato a concursar un cargo, el de Juez del Tribunal Oral del Distrito Judicial Norte y que son los mismos consejeros los que deben merituarlos tanto a él como al discutido Diéguez.

Más causas

Si alguien quisiera aducir que el sobreseimiento firmado por López agota las impugnaciones contra el candidato Diéguez, estaría incurriendo en un error. Tal como informó radiofueguina.com, existen al menos otras tres denuncias en trámite cuyo estado judicial nadie supo precisar y que debieron haber sido informadas en detalle por el postulante (así lo dice el reglamento)

Una de ellas, al menos, se encuentra en trámite y ya no en la Justicia Provincial, sino en el fuero federal, lo que le da un valor significativamente mayor.

Como puede verse en esta página (ver gráfico), la causa 6881 a cargo del Juez Federal Federico Calvete investiga sobre el destino del peculio (remuneración que se les da a los presos y que ha sido denunciada por supuestos manejos irregulares) y la mira apunta directamente al titular del Servicio Penitenciario, responsable exclusivo del tema, tal como lo informa al Juez a través de un oficio el gobierno de la Provincia.

El día D

Este miércoles a las 11 está citado el Consejo de la Magistratura. Seis selecciones de jueces integran el orden del Día pero el de Juez de Ejecución del Distrito Judicial Norte se llevará todas las miradas y todas las sospechas.

Es imposible saber qué votarán los consejeros (aunque los identificados con el Frente para la Victoria están decididamente del lado de Diéguez, ex concejal suplente en la provincia de Buenos por el FpV).

Pueden reflexionar y votar a conciencia. O querer demostrar que ninguna presión los conmueve, aunque se vulnere el reglamento.

Es posible que Diéguez (así como el resto de los candidatos) tenga todas las condiciones técnicas y morales para ejercer como Juez. Y va de suyo que le asiste la presunción constitucional de inocencia. Pero ningún magistrado ni la sociedad merecen que se lo ponga en el cargo bajo un estado de sospecha que sería perenne.

La independencia de poderes marca que los Consejeros pueden votar lo que les dicte su buen parecer. Pero lo que sea, deberá estar perfecta y sólidamente explicado ante una sociedad que, por esta vez, los estará mirando muy de cerca.