Ushuaia

Arrancó en Ushuaia un juicio histórico: por primera vez, una sobreviviente del delito de trata de personas logró llevar a juicio a sus captores y también al Estado por no protegerla. Alika Kinán pudo dar un paso hasta ahora inédito, al convertirse en querellante.

Quienes enfrentan al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego -formado por los jueces Ana María D’Alessio, Luis Alberto Giménez y Enrique Jorge Guanziroli- son Pedro Montoya e Ivana García, dueños del prostíbulo El Sheik, además de Lucy Alberca Campos, encargada del lugar. Montoya (57) y García (38) son juzgados “por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual cometido mediante el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, en razón de ser siete la cantidad de víctimas, y por ser tres los imputados que actuaron de manera organizada”, y Campos (32), en calidad de partícipe necesaria. La pena: de 4 a 10 años de prisión.

“Este es un juicio histórico, un desafío del sistema de administración de justicia para ver cómo responde a las víctimas por este delito, es un punto de inflexión”, dijo a Clarín Marcela Rodríguez, abogada de Alika y también coordinadora del Programa de Asesoramiento y Patrocinio para Víctimas del Delito de Trata de Personas, que depende de la Defensoría General de la Nación.

Adrián García Lois, fiscal federal del juicio, coincidió en la relevancia histórica de este proceso: “Es un juicio importantísimo porque se trata de un delito muy grave que es la trata de personas. Es la primera vez que un víctima es querellante penal y civil”, dijo el funcionario a Clarín. “De una vez se tiene que acabar este delito aberrante de explotación de mujeres, en el que el Estado en lugar de proteger a las víctimas protegió otros intereses”, continuó. García Lois destacó que por primera vez una víctima puede “contar en primera persona sus padecimientos y puede concientizar a todos sobre el horror del delito de estas personas”.

El juicio comenzó esta mañana con un fuerte operativo policial frente al tribunal. Hasta el lugar se movilizaron muchas militantes de distintas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para apoyar a Alika en este proceso. Está previsto que Kinán declare esta tarde.

En el inicio de la audiencia, el abogado de los acusados pidió que no se publiquen fotos de sus defendidos. El letrado aseguró que el negocio que tenían sus defendidos “era legal, controlado por la municipalidad. Las mujeres tenían sus libretas sanitarias que exigía la municipalidad para evitar enfermedades venéreas”. Sin embargo, consultado por Clarín sobre si allí se ejercía la prostitución, aseguró que “no”.

Su primer legajo como alternadora para “trabajar” en cabarets de Ushuaia es de 1996. A ella la contactaron en Córdoba, le mandaron un pasaje de avión, la esperaron en el aeropuerto y la llevaron a hacer la libreta sanitaria requerida por la Dirección de Comercio e Industria, que había habilitado al local de Roca 306 como “club nocturno”. Es decir, ser alternadora era un “trabajo” avalado por la Municipalidad. Alika hoy tiene 40 años y milita por los derechos de las mujeres vulneradas y por el abolicionismo, que considera que la prostitución no es trabajo. Como la “variaron” por distintos cabarets, declaró y es testigo en distintas causas en las que hay involucrados proxenetas y tratantes.