El abuso sexual, el delito más cometido en Tierra del Fuego, en porcentaje por habitantes de la Argentina, según el Registro Nacional de Datos Genéticos, donde indica que hay 133 personas con condena firme por delitos contra la integridad sexual.

Tomando como referencia el último censo poblacional, en la provincia de Buenos Aires hay más de 15 millones de personas, 6.699 de ellas condenadas con abuso sexual lo que da un porcentaje de 0.04 respecto de la población total. En Salta con más de un millón de habitantes hay 1.270 personas con condena firme por abuso (el 0,10%) y en Tierra del Fuego con un poco más de cien mil habitantes, hay 133 abusadores, también el 0,10% de la población.

Sumado a esto durante el 2019 se realizarán por lo menos 14 juicios por delitos contra la integridad sexual. En Río Grande, la agenda de juicios hasta septiembre contiene ocho juicios, siete de ellos son por abusos sexuales. En Ushuaia también son siete los juicios por delitos contra la integridad sexual que se desarrollarán.

Según datos del Informe Anual de Tierra del Fuego de 2017 del Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena, de las 177 personas alojadas en las distintas unidades de detención de la provincia, 49 eran por violación y 5 por delitos contra la integridad sexual, siendo los delitos con mayor cantidad de presos. Hoy llegan a 133 los presos con condena firme por esos mismos delitos.

Hay que tener en cuenta que los delitos contra la integridad sexual, por el monto de la pena y por sus características, no permiten en general ni omitir el debate, ni Probation, ni mediación. Esto también podría influir en el incremento de la cantidad de presos con condena firme en relación con otros delitos.

Asimismo, como en la mayoría de los casos se encuentran detenidos, tienen prioridad para las audiencias antes que otros juicios de otros delitos que suelen dilatarse más en el tiempo.

El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual fue creado por la ley 26.879, bajo la órbita de la Subsecretaría de Asuntos Registrales y se reglamentó por el decreto 522 del 17 de julio del 2017. Su finalidad es facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad sexual.

El Registro Nacional de Datos Genéticos (RNDG), recibe los perfiles de ADN de condenados con sentencia firme y de evidencias biológicas de autores no individualizados vinculados a delitos contra la integridad sexual, que son remitidos por los Registros Provinciales y los laboratorios acreditados en todo el país.

Este Registro funciona utilizando una base de datos que se nutre automáticamente de la información provista por el Registro Nacional de Reincidencia, el Registro Nacional de las Personas, el Servicio Penitenciario Federal y los Servicios Penitenciarios Provinciales.

En esta instancia de implementación, el Registro analizó más de 20.000 casos de delitos contra la integridad sexual, todos los perfiles genéticos son almacenados, sistematizados y se comparan entre sí con el fin de encontrar una coincidencia para proceder a la individualización de las personas responsables e informar a la Justicia.

Fiscalías: Ante la cantidad de estos casos, en otras jurisdicciones como Buenos Aires, Salta, Neuquén, Córdoba y demás, se han creado fiscalías especializadas con el objetivo de mejorar el servicio de justicia.

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires funciona la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra la Integridad Sexual de Niñas y Niños, que se encuentra facultada para “Impulsar todas las investigaciones preliminares que resulten conducentes para la determinación de aquellas acciones u omisiones que constituyan delitos contra la integridad sexual de víctimas menores de 13 (trece) años (…) y presentar las denuncias penales que resulten pertinentes”.

Además puede “realizar un relevamiento de datos cuantitativos en las distintas fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desarrollar un mapa delictual que cruce y establezca parámetros objetivos y centralizados en la materia, que permita coordinar y colaborar en la investigación de los hechos en los que tome intervención la unidad”.

Otra de sus funciones es “colaborar en la elaboración de programas de prevención, nacionales e internacionales, asesorando a los organismos del Estado para implementar políticas públicas comunes en los hechos que puedan constituir ilícitos y coordinar con las autoridades correspondientes las actividades de capacitación y especialización de funcionarios y empleados”.

Por otro lado, también se han creados unidades fiscales especializadas en violencia contra las mujeres, como la UFEM, que tiene entre sus misiones reforzar la actuación del Ministerio Público Fiscal “en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia de género, a través del diseño de una política criminal específica, el desarrollo de herramientas de intervención fiscal y el litigio estratégico.

Restará evaluar en la Tierra del Fuego cual es la mejor estrategia ante un delito que continúa creciendo, según indica el informe realizado por Natalia Caso.