En el año 2015, la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, en el marco de la mega causa contra la banda de Los Monos, encontró un cargamento de 80 kilos de marihuana en un allanamiento al domicilio de Sergio Enriquez en el sur de la provincia de Santa Fe. El juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a cargo de la causa libró una orden de captura contra Enriquez. Sin embargo, el sujeto logró mantenerse prófugo durante casi dos años. Pese a estar oculto de la Justicia, el hombre -de 32 años- mantuvo activas sus redes sociales que eran monitoreadas por la Policía Federal. A través de su perfil de Facebook, una agente encubierta de la fuerza entabló una relación virtual con Enriquez durante semanas hasta que logró que el prófugo aceptara un encuentro personal en la terminal de ómnibus de la localidad de Puerto Esperanza donde fue detenido y puesto a disposición de la Justicia.

Enríquez es uno de los 7.600 prófugos que, desde su lanzamiento en 2016, ha detenido el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.

En la Argentina el número de prófugos al 6 de febrero de 2019 es de 46.982, según el Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Co.Na.R.C) que funciona en la órbita de la Dirección del Registro Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Esta base de datos de personas con pedidos de captura se formalizó en 2011 y tenían acceso a la misma solamente fuerzas de seguridad, fiscales y jueces.

A partir de la asunción del actual gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, instruyó a los funcionarios del área para que este registro se haga público y cualquier ciudadano pueda acceder a él a través de Internet. La medida tenía fundamento en el concepto de que si la base de datos no era de acceso público, de alguna forma se estaba favoreciendo la clandestinidad del sujeto que está prófugo.

De acuerdo con el Co.Na.R.C, de las 46.982 personas con pedido de captura, el 85,9% son hombres y el 14,1% son mujeres. Con relación a la nacionalidad, el 75,6 % son argentinos y 24,4 % extranjeros, encabezando la lista de estos últimos 2093 evadidos peruanos. La provincia con mayor cantidad de prófugos es Buenos Aires con 17.496 mientras que la que menos tiene es Río Negro con 12. Según esta base de datos, hay 10.402 evadidos imputados o condenados por robo, 2.349 involucrados en causas de narcotráfico, 1.233 por abuso sexual y 283 por homicidio calificado.

Desde el Ministerio de Justicia indicaron a Infobae que entre 2017 y 2018 enviaron a los juzgados 45.000 notas para consultar si continuaba vigente la rebeldía decretada respecto de esos prófugos, y de esas 45.000 notas los jueces sólo contestaron 12.000. De esa cifra, los magistrados consultados respondieron que la mitad de las rebeldías continuaban vigentes, la cuarta parte ya no interesaba que siguiera activa y sobre la cuarta parte restante ordenaron actualizar los datos de los imputados. Esta base de datos se nutre de la información que envían los juzgados de todo el país y se carga diariamente en el momento en que llega la notificación por lo que se actualiza en forma permanente.

En cuanto al tiempo durante el que se mantiene activa la búsqueda de los prófugos, esta decisión está en cabeza de quien tiene la acción penal es decir el juez o el fiscal. En la base de datos de personas con pedido de captura del Ministerio de Justicia hay imputados que están prófugos desde hace 19 años.

Un fiscal federal de una provincia del norte de nuestro país consultado por Infobae indicó que cuando tienen un prófugo se le solicita al juez que notifique la orden de captura a través de oficio a las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria), a las policías provinciales y a la Cámara Electoral a fin de que alerten a las fuerzas de seguridad a cargo de la custodia de los comicios para que detengan y pongan a disposición de la Justicia al evadido en caso de que se presente a votar. Además, se notifica también a la Dirección de Migraciones a fin de evitar que el prófugo salga del país por alguno de los pasos habilitados o a bordo de un buque o una aeronave.