El documento está firmado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Gonzalo Sagastume, y los jueces Javier Muchnik y María del Carmen Battaini, y en él se resuelve una de las cuestiones por las cuales el Gobierno y los municipios de Río Grande y Ushuaia venían arrastrando una disputa de intereses.

La resolución de los cortesanos señala que para la Provincia “se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar su atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles en su territorio, ya sea que se encuentren en centros urbanos o zonas rurales con el alcance dispuesto en el exordio”.

Trascendió que, al menos por parte del Municipio de Río Grande, se estaría analizando la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vale mencionar que desde el STJ también se manifestó que “Luego de analizar las incumbencias Constitucionales y normas provinciales en vigencia, se concluyó en que la potestad tributaria se encuentra en cabeza de la Provincia. Que el Código Fiscal de la Provincia, no afectó la autonomía de los Municipios, asegurando mecanismos que permiten consolidar lo recaudado, en concepto de impuesto inmobiliario, al interior de los tesoros municipales. Asimismo se especificó lo atinente a la representación del gobierno por parte de la AREF, como parte procesal legitima”.