La funcionaria judicial Mariel Borrutto juró este jueves como nueva jueza federal de la ciudad fueguina de Río Grande y así quedó a cargo de la causa que se tramita en ese juzgado donde se investiga a un grupo de ex militares por presuntas torturas infligidas a soldados durante la guerra de Malvinas.

Borrutto dijo “conocer” esa investigación por haber intervenido en ella en su carácter de secretaria del mismo organismo judicial, y sostuvo que ahora continuará ligada al expediente pero “desde otra mirada”.

La flamante magistrada, que fue designada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 319 del 2 de mayo de este año, tendrá a su cargo las declaraciones indagatorias de 18 ex militares imputados de torturas, fijadas por el juez Federal subrogante Federico Calvete la semana pasada.

Calvete estableció un cronograma para esas declaraciones, que va desde el 27 de junio al 4 de julio, y que hasta el momento “no se verá afectado” por la asunción de la nueva jueza, adelantaron fuentes judiciales.

“Siento una enorme responsabilidad y para mí es un gran desafío. Voy a poner lo mejor de mí para prestar de la mejor manera el servicio de justicia que toda sociedad se merece”, declaró Borruto durante el acto de jura que contó ayer con la presencia de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, y del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Chubut) Javier Leal de Ibarra.

La jueza que reemplaza en el cargo a otra mujer, Lilian Herráez (jubilada en 2016) se desempeñaba hasta el momento como secretaria civil, aunque antes de ello ocupó todos los cargos de inferior jerarquía en el juzgado riograndense.

La causa Nº 1777/07, caratulada “Pierre Pedro Valentín y otros sobre delito de acción pública”, surgió a partir de los testimonios de soldados tras el regreso de la guerra de 1982.

De acuerdo a lo informado por Télam, el caso comenzó en 2007 con la presentación de las primeras 25 denuncias por parte de Pablo Vassel, entonces Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y tomó impulso a raíz de acciones promovidas por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que se convirtió en parte querellante.