El fiscal federal de primera instancia de Río Grande, Marcelo Rappaport, solicitó la elevación a juicio de cinco personas acusadas de trata de personas con fines de explotación sexual. Se trata de una banda que habría captado y trasladado al menos a 14 mujeres en situación de vulnerabilidad en una serie de prostíbulos privados, entre ellos uno denominado “Aquelarre”, ubicados en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego.

Las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales y luego trasladadas en avión hasta la ciudad fueguina. Los costos de los pasajes los pagaba la organización, lo que se transformaba en la deuda inicial de las mujeres, quienes una vez sometidas eran controladas mediante un sistema de pulseras para contabilizar los denominados “pases”.

Paralelamente, los “clientes” acordaban una tarifa con la víctima. El valor estaba preestablecido por los dueños boliche y era abonado antes del encuentro sexual, que se concretaba en una casa particular o en un hotel alojamiento.

La investigación se inició en 2013, a raíz de un correo electrónico recibido en la Fundación María de los Ángeles que luego fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. En la comunicación, se mencionaba la existencia de una página web que promocionaba servicios sexuales y la existencia de varios “privados” clandestinos, entre ellos uno denominado “Aquelarre”.

Modus operandi de la banda

Para el fiscal, el pago del pasaje por parte de los imputados demuestra la “violencia económica” que ejercían hacia las mujeres ya que no solo se beneficiaban con un porcentaje de lo que ellas producían, sino que además le generaban “deudas” lo cual las obligaba a continuar en el circuito de la prostitución.

Más allá del uso de pulseras que servían para controlar los \"servicios sexuales\", la banda realizaba anotaciones en cuadernos, que eran escondidos cuando se llevaban adelante controles municipales en el interior del local. Además, habían instalado cámaras de seguridad para registrar los movimientos de las víctimas.

Los roles

El fiscal Rappaport indicó que uno de los hombres era quien se encargaba de distribuir las ganancias generadas por la explotación sexual de las víctimas y a su vez impartía directivas por intermedio de otro de los acusados. También, realizaba actividades de planificación dentro de la empresa, participaba activamente en la captación de las víctimas y, junto a los demás imputados, se encargaba de gestionar la compra de pasajes para el traslado.

Por su parte, la mujer acusada en la causa habría sido la responsable de las liquidaciones y el control del “trabajo” producido por cada una de las mujeres prostituidas a través de las pulseras que se les entregaba luego de la realización de cada “pase”.

Según el dictamen del representante del MPF, “al tiempo de conocerse la noticia de la existencia de una ley provincial, que tendría por fin prohibir el establecimiento de locales nocturnos tales como ‘whiskerías, cabarets y afines’, el principal imputado se avocó a obtener una modificación en el rubro comercial simulado, a los efectos de posibilitar la explotación sexual de las víctimas, en tanto que la imputada se encargó de reunirse con otras personas que se encontrarían llevando adelante conductas delictivas similares, a los efectos de retrasar o impedir, mediante la movilización social o por vías legales, la implementación de la ley provincial aludida”.

Por otro lado, su hijo sería otra de las “cabezas” de la organización tendía a su cargo actividades relativas al traslado de las víctimas, así como de llevar adelante la simulación de la existencia de una relación de dependencia de las víctimas para con él, confeccionando para esto recibos de sueldo con el objeto de ocultar la actividad delictiva que desarrollaban, circunstancia que consta en la documentación aportada por la AFIP.

Asimismo, era quien se ocupaba de ejercer el control de lo acontecido en el local, mediante el análisis de las filmaciones correspondientes a las cámaras de seguridad instaladas en “Aquelarre”.

El cuarto imputado habría sido el apoderado del boliche que habría participado no solamente brindando el inmueble para el funcionamiento del local nocturno “a cambio de un elevadísimo canon”, sino que además tenía la responsabilidad de llevar adelante todas las actividades administrativas conducentes al sostenimiento de dicha habilitación para el funcionamiento de un local comercial registrado que oficiaba como pantalla para la consagración de la explotación sexual de las víctimas.

Finalmente, la quinta imputada se desempeñaba como encargada dentro del boliche y realizaba tareas organizativas o de logística. Habría participado en la captación de víctimas, el traslado y control de la actividad de ellas. Además del aprovisionamiento de bebidas y materiales de limpieza, también se encargaba de organizar los horarios y días en los que las mujeres debían concurrir al boliche, así como de dar cuenta ante los propietarios de quiénes habían asistido y quiénes no.