Así lo aseguraron desde el Centro de Ex Combatientes de La Plata, querellante en la causa. “Este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad” sentenciaron.

La Dra. Mariel Borruto, jueza federal de Río Grande, resolvió suspender las indagatorias que estaban anunciadas y confirmadas públicamente para los 18 militares acusados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas, informaron desde el Centro de Ex Combatientes De Malvinas de La Plata (CECIM).

El argumento de la funcionaria judicial responde a la presunta “falta de espacio y de medios para llevar adelante la indagatoria”.

El escrito también plantea que “teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra este Juzgado Federal cuya titularidad asumí el pasado día 8 de mayo, para afrontar la actividad que supone el llamado a indagatoria (….) entiendo que corresponde analizar la viabilidad de llevar adelante dichas audiencias en los días y horas fijadas”.

El comunicado del CECIM La Plata rechaza la decisión de la Jueza “ya que este nuevo retraso en el llamado a indagatoria, que no ha fijado fecha certera posible, no garantiza el derecho al acceso a la justicia y convalida la impunidad, cada día que se dilata llegar a la instancia de un  juicio produce nuevos mecanismos de revictimización o retraumatización de las víctimas y testigos”.

Considera que “lo que se esgrime con esta determinación es la manifestación política llevada adelante por el Poder Judicial de la Nación, en este caso en cabeza de la Jueza Borruto, del escaso cuidado de aquellos funcionarios que deben intervenir en todo el conjunto de acciones ligadas a los juicios”, y agrega que, por falta de conocimiento en la materia, “pueden llegar a desvirtuar esa función reparadora largamente esperada por las víctimas y testigos”.

Para los integrantes del CECIM La Plata tanto las víctimas como los testigos de las causas vinculadas a delitos de lesa humanidad “son personas a quienes el Estado ha violado sus derechos, siendo el Estado el que debe garantizarlos y protegerlos”.

“Esperamos que se revierta la decisión adoptada por la Jueza a cargo del Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego” finaliza el comunicado remarcando que  “las víctimas no pueden ser tomadas por el Estado por una moneda de cambio”.