La disputa por la soberanía de las Islas Malvinas volvió a ocupar un lugar destacado en el Informe N.º 142 presentado esta semana por la Jefatura de Gabinete ante la Cámara de Diputados. En el documento, el Ejecutivo reiteró los fundamentos históricos y jurídicos del reclamo argentino sobre las Islas, al tiempo que reconoció las dificultades para frenar el avance de las acciones unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur.

Entre los puntos centrales del informe se destaca el encuentro bilateral que mantuvieron en septiembre de 2024 la entonces canciller Diana Mondino y su par británico David Lammy, en el marco de la 79.ª Asamblea General de la ONU. Si bien no se firmó ningún comunicado conjunto, la reunión se desarrolló bajo la tradicional fórmula de salvaguardia de soberanía establecida en 1989. Allí, Argentina ratificó su voluntad de diálogo, aunque no logró compromisos concretos de parte del Reino Unido.

Tensión diplomática por operaciones británicas en la región

El informe también enumera una serie de gestiones realizadas por la Cancillería argentina en protesta por la presencia de buques británicos en aguas jurisdiccionales o puertos cercanos. Entre ellos, se menciona al RRS Sir David Attenborough, que navegó en varias oportunidades con bandera ilegítima desde y hacia las Islas Malvinas, recalando en puertos de Uruguay y Chile. Ante cada episodio, Argentina emitió notas de protesta y aclaró que no reconoce matrículas, registros ni pabellones expedidos por la administración británica en las Islas.

En el caso del ingreso del buque militar británico HMS Protector a astilleros chilenos, el Gobierno explicó que su paso por aguas argentinas se amparó en el “derecho de paso inocente” establecido por el derecho internacional y el Tratado de Paz y Amistad con Chile. Aun así, se reiteró el rechazo a cualquier accionar británico que refuerce su ocupación ilegítima en territorio nacional.

Una postura firme pero sin avances concretos

Pese a las declaraciones de principios, el informe refleja cierta ambigüedad en el abordaje de cuestiones clave, como el aumento de la actividad pesquera británica en torno a las Islas y el crecimiento de la presencia militar. Sobre el despliegue del Regimiento Gurkha y los ejercicios militares realizados en marzo, el Gobierno se amparó en la Ley de Defensa Nacional para no brindar detalles.

Tampoco se precisaron los alcances de los supuestos acuerdos en materia de conectividad y conservación pesquera abordados con el Reino Unido durante 2024. El Ejecutivo se limitó a reafirmar su intención de mantener un diálogo constructivo, pero sin detallar las medidas frente al avance de políticas británicas que Argentina considera ilegítimas.

El impacto de los BRICS y la proyección en defensa

Consultado sobre si la exclusión del país del bloque BRICS afecta los apoyos internacionales a la causa Malvinas, el Gobierno descartó consecuencias negativas. Aseguró que se continúa trabajando bilateralmente con los países miembros del grupo, más allá de no integrarlo formalmente.

En materia de defensa, el informe indicó que se está impulsando un fortalecimiento gradual de las Fuerzas Armadas, con foco en el Atlántico Sur. Esta estrategia apunta a consolidar la presencia nacional en la región y proteger los intereses argentinos, aunque no se especificaron planes operativos ni nuevas inversiones.

Una cuestión de Estado con desafíos abiertos

El documento reafirma que la Cuestión Malvinas continúa siendo un eje prioritario de la política exterior argentina y una causa nacional sostenida por mandato constitucional. Sin embargo, los interrogantes sobre la eficacia de la estrategia diplomática, la falta de avances concretos en negociaciones bilaterales y la creciente presión británica en materia militar y pesquera, dejan en evidencia la complejidad del escenario actual.